EFESanta Cruz de Tenerife

El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto para aliviar las obligaciones fiscales de los afectados por la erupción de La Palma y para agilizar los procesos administrativos que permitan la mayor rapidez posible en la respuesta pública a la emergencia.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió en el pleno la fórmula utilizada por el Ejecutivo para adoptar las medidas a través de un decreto-ley, dada la extraordinaria urgencia y necesidad de las mismas.

Rodríguez explicó que la norma pretende ayudar a los damnificados con cuatro tipos de medidas diferentes: alivio de la carga fiscal, facilidad para el ejercicio de las obligaciones tributarias, reorganización administrativa y agilización de los procesos.

El vicepresidente recordó que el decreto prevé, entre otras medidas, la práctica eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las viviendas nuevas que sustituyan a las destruidas por la lava y el tipo cero en el IGIC que grava las entregas de vivienda, de terrenos, alquileres y vehículos.

El decreto convalidado está, en cualquier caso, plenamente vigente desde su aprobación el pasado 30 de septiembre.

Entre las medidas que contiene está que para todos los sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en isla de La Palma se amplía el plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto general indirecto canario y del arbitrio sobre importaciones y entrega de mercancías en Canarias.

También se amplían en seis meses y previa petición los vencimientos de pago de todas las deudas tributarias que estén fraccionadas o aplazada.

Además, se articula la posibilidad de solicitar el aplazamiento de deudas tributarias que fueron aplazadas o fraccionadas con anterioridad, y que actualmente están en período ejecutivo.

Otra medida es que se crean nuevos supuestos de aplicación del tipo cero del impuesto general indirecto canario con vigencia entre 2 y 5 años, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios tendentes al alojamiento de las personas afectadas por la erupción volcánica, a la sustitución de inmuebles y vehículos destruidos, así como a la recuperación de las actividades ganaderas y agrícolas.

En quinto lugar, se atiende a aquellas actividades empresariales desarrolladas en la isla de La Palma, cuya tributación no se vincula con el volumen real de operaciones, y en cuyo cálculo no se ha tenido en cuenta la merma de ingresos ocasionada por la erupción volcánica.

Se crea un nuevo tipo de gravamen reducido cero en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026 a las transmisiones de inmuebles y vehículos cuyos adquirentes sean titulares de bienes de esta naturaleza destruidos por la lava, ampliándose a los supuestos de constitución o ampliación de préstamos o créditos con garantía hipotecaria y a los actos necesarios para acreditar la titularidad jurídica de los inmuebles.

Se crea una bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026, para las donaciones de edificaciones, terrenos y dinero, siempre que en este último caso se destine a la adquisición o construcción de un inmueble en sustitución de uno destruido.

Se procede a ajustar los importes correspondientes al tercer trimestre del año 2021 de las cuotas fijas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, correspondientes a las máquinas o aparatos automáticos, con una reducción proporcional a los 12 días del mes de septiembre con la erupción.

También se establece una disposición adicional para mantener el derecho a las deducciones autonómicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas vinculadas con la vivienda habitual, a pesar de haber sido destruida por la lava.

Junto a las medidas tributarias, el decreto incluye otras medidas de organización y gestión administrativa.

En primer término, en la medida en que corresponde a distintas consejerías la adopción de las medidas paliativas de los daños producidos, se hace necesaria la constitución de un órgano para el impulso, coordinación y propuesta de las actuaciones que sean precisas para la reparación de los daños causados por el volcán de la isla de La Palma, así como para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas.

A estos efectos, se crea la Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de la isla de La Palma.

Por otra parte, para dar respuesta a quienes han perdido su casa, sus terrenos o su empleo, se crea la Oficina de coordinación económica y de asistencia a los afectados por el volcán de la isla de La Palma para la información, asistencia y apoyo en la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

Finalmente, se adoptan distintas medidas en materia de contratación, expropiación forzosa, tramitación de los procedimientos administrativos y ayudas, con el objeto de garantizar que las actuaciones que se lleven a cabo para paliar los efectos derivados de la erupción volcánica se puedan ejecutar con la mayor celeridad.