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El Consejo de Gobierno de Canarias ha analizado este jueves un primer informe sobre la implantación de las nuevas competencias que recoge el Estatuto de Autonomía, que no pretende desarrollar "a la carrera" pero en las que no va a parar, dijo el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.

Julio Pérez informó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que este primer informe, que será presentado al Parlamento de Canarias, aborda los procesos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno en Canarias conforme a lo recogido en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018.

El gabinete ha decidido poner en marcha una acción integral con la que se da por iniciadas las actividades de implantación de las nuevas competencias incluidas en el texto estatutario y que, según el portavoz, en algunas materias implicará un cambio radical para el desarrollo autonómico.

En algunas será necesario el traspaso de medios por parte del Estado pero para otras simplemente se requerirá comenzar a ejercerlas con los recursos propios de la Comunidad Autónoma, especificó Pérez.

Como ejemplo dijo que no hay prisa por comenzar a desarrollar la competencia en materia de legislación penitenciaria porque no hay una demanda política ni social para ello, pero sí se dará prioridad a otras como la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión en materia de puertos y aeropuertos, así como en transporte aéreo.

El Gobierno canario está fijando un calendarios para el desarrollar las diferencias materias y para ello hay que tener en cuenta, reiteró Pérez, que para algunas no será necesario "desplazar" al Estado sino implantar un órgano autonómico de gestión, como en el caso de la defensa de la competencia.

Al portavoz del Ejecutivo canario le consta que en materias como la tutela financiera de las corporaciones locales no hay "ni la más mínima resistencia" por parte del Ministerio de Hacienda para ceder el control en este ámbito, y que trata sobre la vigilancia del cumplimiento de la legislación financiera por parte de cabildos y ayuntamientos.

"Hemos insistido en que no se trata de tener un crecimiento desordenado de las competencias ni en concentrarnos exclusivamente en las que dependan de que Madrid traspase medios, sino que no hay prisas en el desarrollo de algunas y en otras dependerán de las posibilidades de la Comunidad Autónoma, pero no nos vamos a parar", insistió el portavoz.

A su juicio, en ningún caso se va a bajar "el nivel de exigencia con Madrid" sino que hay que examinar en qué casos el desarrollo de las competencias por parte de la Comunidad Autónoma presenta más complicaciones, como puede ser el caso de la ordenación y gestión del litoral.

También será necesario pedir al Estado un análisis del espacio radioeléctrico canario para poder desarrollar la competencia en materia de gestión de las telecomunicaciones, añadió Pérez, quien subrayó que no cree que haya resistencia por parte del Gobierno central porque estas materias vienen consagradas en el Estatuto de Autonomía y hay que tomarlo "con naturalidad".

Además entre las nuevas competencias estatutarias se encuentran las de protección civil y salvamento marítimo, paradores de turismo, transporte marítimo, comercio exterior y ferias internacionales, permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios, infraestructuras del transporte y seguridad privada.

El Consejo de Gobierno de Canarias también ha dado hoy el visto bueno al nombramiento de la directora general de Transparencia, Marta Saavedra, como su representante en el Consejo Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. EFE