EFESanta Cruz De Tenerife

El Parlamento regional ha aprobado este martes por unanimidad el dictamen del proyecto de ley de Economía Social de Canarias, que tiene como objetivo impulsar un sector infradesarrollado en las islas, con 222 cooperativas (el 1,2% nacional) y 204 sociedades laborales (el 2,6% del Estado).

Todos los grupos con representación en la Cámara han alabado en la comisión parlamentaria de Economía el alto grado de consenso y entendimiento en torno a este proyecto de ley, que desarrolla el artículo por el que el Estatuto de Autonomía de Canarias otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el fomento y la ordenación del sector de la economía social.

Según el texto, se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que buscan el interés colectivo de las personas que las integran, el interés general económico o social, o ambos.

Las entidades de economía social se inspiran en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, autonomía, autogestión, responsabilidad social y preocupación por las demás personas, de manera que priman el fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que con relación a sus aportaciones al capital social.

También se incentiva la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la cooperación, la inserción de personas con discapacidad y de personas en riesgo o en situación de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

También se contempla el compromiso con el territorio frente a la despoblación y el envejecimiento en el medio rural canario y el fomento de la integración de la perspectiva de género en la gestión y organización de la empresa o entidad, entre otras cuestiones.

Así, forman parte de la economía social de Canarias las sociedades cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales y participadas, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de transformación.

Además se prevé la creación de un catálogo canario de entidades de la economía social y una comisión como órgano consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social, especialmente en el ámbito de su promoción, ordenación y difusión.

En la comisión el diputado socialista Pedro Viera ha subrayado que Canarias se convierte, tras Galicia, en la segunda Comunidad Autónoma que aprueba una norma para fortalecer las entidades de economía social que, en épocas de crisis, han dado muestras de resiliencia y generación de empleo con alto valor social.

Por el grupo Nacionalista Canario la diputada Socorro Beato ha indicado que el anteproyecto remitido por el Gobierno de Canarias era "descafeinado y poco ambicioso, poco innovador para adaptarse a las necesidades" de las islas, por lo que fue "muy criticado" por el Consejo Consultivo y el CES, pero el Parlamento ha logrado un dictamen que impulsa estas entidades aunque, ha objetado, se echa en falta que vaya acompañado de una ficha financiera.

El diputado popular Carlos Ester ha sostenido que este nuevo marco jurídico es importante para las empresas de economía social, que son las protagonistas de una forma de emprender diferente y contribuyen a "rectificar" los niveles de desempleo, inestabilidad laboral y exclusión de determinados colectivos del mercado de trabajo.

Para Carmen Hernández, de Nueva Canarias, esta ley es muy esperada por el sector para fomentar una economía sostenible que conjugue la solidaridad y la creación de empleo con la cohesión territorial, pues se dispone que la sede social de las empresas en este ámbito tiene que estar radicada en el archipiélago, además de garantizar la igualdad de oportunidades y de género.

Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, ha subrayado que esta norma impulsa y defiende otro modelo de producción para mucha gente que tiene difícil empleabilidad, por lo que refuerza la cohesión social, y ha considerado que es un ejemplo de que cuando en la política se prima el interés general "podemos ser útiles para resolver los problemas de la ciudadanía".

Por Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha afirmado que las entidades de economía social contribuyen de forma efectiva a implantar un modelo económico que resuelve necesidades sociales, y ha recordado que el Gobierno canario tendrá un año de plazo para aprobar la estrategia canaria de economía social.

Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto por Ciudadanos, se ha congratulado del reconocimiento a todos los agentes que intervienen en la economía social con una ley que además se ha reducido a 18 artículos y tres disposiciones, con un texto sencillo y aplicable para que cumpla su objetivo. EFE