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El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha presentado este jueves en el Parlamento regional tres informes de fiscalización, todos tramitados fuera de plazo por la propia Cámara y cuya entrada en el registro, en algún caso, se remonta a hace más de dos años.

Pacheco ha aprovechado su presencia en la comisión de presupuestos y hacienda para agradecer el intento por ponerse al día en este órgano parlamentario, con la puesta en marcha de un calendario para ir sacando adelante antiguos expedientes.

En este caso, el informe más reciente de los debatidos está referido al ejercicio de 2017 y fue presentado en el Parlamento hace cuatro meses; otra fiscalización, referida a los años de 2011 a 2015, se presentó hace un año y medio; el tercer informe, relativo a los años 2014 y 2015, fue presentado hace más de dos años.

Según el reglamento del Parlamento, las comisiones deben concluir la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo de tres meses.

La Audiencia de Cuentas suele poner de relieve en sus informes el incumplimiento de plazos por parte de las administraciones y entidades públicas fiscalizadas, pero los parlamentarios son conscientes de sus propios incumplimientos, como puso de relieve el diputado de Sí Podemos Manuel Marrero.

"Lo que tiene de eficacia la Audiencia de Cuentas, lo tenemos de ineficacia en el Parlamento" con retrasos de un año y medio en analizarlos, reconoció.

Agregó que "hablar de cosas de hace cinco años está bien para la historia, pero conduce a la melancolía".

La diputada de CC-PNC Rosa Dávila coincidió en reconocer la "falta de diligencia" del Parlamento a la hora de mantenerse al día en la tramitación de los informes de la Audiencia de Cuentas, pero subrayó que por eso se ha adoptado un "calendario paralelo" para sacar adelante estos informes atrasados.

El presidente de la comisión de presupuestos y hacienda, Narvay Quintero, lanzó una propuesta a los portavoces de los grupos para agilizar al menos la tramitación de estos tres expediente.

"Estamos viendo informes de hace cinco y seis años", dijo, y por eso propuso que las propuestas de resolución de cada grupo se voten conjuntamente y sin más debates, para así poder concluir el trámite en una sola sesión y no en una convocatoria para cada una de ellas.

El informe más reciente de los analizados este jueves se refiere a la fiscalización de la morosidad en 2017 en los pagos de ocho ayuntamientos de entre 20.000 y 30.000 habitantes, concretamente los de Candelaria, La Oliva, Gáldar, Tacoronte, Icod de los Vinos, Teguise, Guía de Isora y Los Llanos de Aridane.

Cuatro de esos ayuntamientos pagaron a sus proveedores en el plazo legal de 30 días naturales y los otros cuatro tuvieron algún incumplimiento puntual, pero no de largo plazo.

El segundo informe en antigüedad, debatido año y medio después de presentado, se refería a la fiscalización de la empresa pública Promotur Turismo Canarias entre el 3 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2015.

La Audiencia halló que la empresa se ajustó en sus contrataciones a la legislación con carácter general, pero reprocha que ni el plan estratégico de Promotur de 2012 a 2016 ni los planes anuales de marketing fueran aprobados por su consejo de administración, como obliga la ley, así como la falta de indicadores para evaluar la adecuación de las promociones a los objetivos programados.

El informe más antiguo, que entró en el Parlamento de Canarias el 23 de enero de 2018, analiza la información de 2014 y 2015 sobre acuerdos y resoluciones con reparos formulados por los interventores de ayuntamientos y mancomunidades, así como omisiones del trámite de fiscalización previa. EFE

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