EFELas Palmas de Gran Canaria

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han vuelto a exigir este viernes que se celebre un pleno "extraordinario y monográfico" para tratar el caso Emalsa, en el que ven "uno de los mayores escándalos" que ha vivido la ciudad, y el mayoritario de ellos, el PP, ha abogado directamente por rescatar su concesión.

En este procedimiento judicial, para el que ya se ha dictado apertura de juicio oral, se solicitan penas de hasta nueve años de cárcel para algunos directivos de los socios privados de Emalsa, a los que la Fiscalía acusa de haber provocado un quebranto económico a la sociedad de aguas de la ciudad de 23,4 millones de euros.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha indicado que han pedido formalmente un pleno extraordinario para analizar "el caso más grave que se conoce en la ciudad".

Luzardo ha recordado que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) anunció "el fin de los líos con Emalsa". Sin embargo, a su juicio, ha sido "gracias a la denuncia de Juan José Cardona (el anterior alcalde, del PP), que ha derivado en el escrito de la fiscal, que se ha podido conocer el quebranto de 23,4 millones", en el periodo de 2008-2011, porque "no se sabe después de esa fecha".

En este sentido, la oposición solicita tres puntos del día en el pleno, "para dar cuenta del escrito de la fiscal, que el alcalde explique las medidas administrativas tomadas desde enero de 2019 y qué proponen para controlar la gestión de la empresa".

Actualmente, ha recordado Luzardo, "el alcalde preside el consejo de Emalsa y no ha pasado nada", aunque según los escritos "fue ilegal la adjudicación directa a Ser Canarias (de diversos trabajos de mantenimiento para Emalsa), con informes a la carta" en 2008.

Se requiere, ha subrayado la portavoz popular, "tomar medidas contundentes", como "informes del control del servicio público y un rescate inmediato, así como un secuestro de la concesión", ya que "quedan 24 años de concesión del servicio integral del agua, y no se puede seguir así".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de CC-UxGC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Candil, ha compartido la idea de su compañera del PP en el Consistorio, ya que es un caso con "larga trayectoria en los juzgados", que requiere que "se den explicaciones de lo que ha pasado en estos años de gobierno".

A su juicio, el tripartito al frente del Ayuntamiento tiene el objetivo de "ocultar la verdad de lo que ha pasado en Emalsa y del comportamiento de este gobierno" con una "esquizofrenia institucional permanente", porque "hace una cosa y dice otra", tomando "por tontos" a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.

El alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), "tiene el 34 % de la empresa y un departamento de agua que depende de él" y en el que "debería haber contratado al personal técnico necesario para controlar la situación, sobre la que no ha hecho nada", ha añadido Candil.

Su grupo solicita conocer "las decisiones para controlar la gestión de la empresa", porque lo que observan es una política "de cruzarse de brazos mientras se asalta la caja pública"

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, ha denunciado que esta situación es "uno de los mayores escándalos" del Consistorio, que se da desde la privatización de Emalsa.

Como ha indicado ha pedido explicaciones sin respuesta de "la firma de facturas sin tener en cuenta las certificaciones de obras realizadas, irregularidades de saneamiento y sobre a quién pertenecen los locales, las opciones de compra perdidas", mientras el grupo de Gobierno "se pone de perfil".

Desde Ciudadanos, quieren "denunciar y solicitar formalmente que se haga un pleno extraordinario para averiguar la posición del gobierno en este sentido", que se está tratando "de invisibilizar" al ponerlo tras el ordinario.

En esta línea, ha adelantado que se exigirá que "el pleno sea el primero del día y en el caso de que no sea así se tomarán las medidas para que sea lo antes posible" y que se pueda saber "la situación y la postura del gobierno", incluso "vaciando el pleno ordinario de contenido si es necesario". EFE

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