EFESanta Cruz de Tenerife

La diputada del PP por la provincia de Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita ha dicho este viernes que su partido quiere que “salga adelante” la proposición de ley en torno a la ocupación para aclarar y endurecer ciertos aspectos de la ley sobre ocupación ilegal de viviendas, con penas de hasta 3 años de prisión.

Ana Zurita ha declarado en rueda de prensa que la intención de esta proposición es, entre otros aspectos, reunir en solo tipo penal los conceptos de allanamiento de morada (cuando son primera o segundas residencias habitadas) y de usurpación (cuando el inmueble no está habitado), bajo penas de hasta 3 años de cárcel.

La proposición, que será tomada en consideración por la Cámara Baja previsiblemente el próximo mes, también establecerá un plazo de 48 horas para el desalojo del inmueble, que vendría a complementar el plazo máximo vigente por ley de 5 días, e independientemente de si la vivienda es o no una residencia habitual o si pertenece a un particular, una entidad financiera o cualquier otra persona jurídica.

Además, el proyecto incluye prohibir el empadronamiento de cualquier persona en el inmueble ocupado y que las comunidades de propietarios puedan ejercer una labor denunciante en caso de que el propietario particular, “víctima” de la situación, a juicio de Zurita, no esté al corriente del asunto o no pueda por cualquier motivo.

Y, en última instancia, el PP busca que se defina la ocupación en esta nueva ley como un “fenómeno” reconocible, y como “tenencia y disfrute” de un inmueble ajeno, sin posibilidad de atenuantes, es decir, aunque el inmueble esté deshabitado.

Habría que ver, en cualquier caso, si las personas ocupantes están en estado de vulnerabilidad, situación que ya recoge, en cualquier caso, la actual ley y también esta proposición, y que requeriría la acción “inmediata” de los servicios sociales.

Zurita ha recordado que la ocupación ilegal se ha disparado un 23 % no solo en viviendas propiedad de fondos buitre, sino también particulares, entidades financieras y fondos de inversión, y que se prevé un aumento de las 12.000 denuncias por viviendas ocupadas en el 2018 a unas 15.000 a finales de este año.

Durante el primer semestre de 2020, comparado con el mismo periodo del año pasado, ha aumentado un 5 %, a razón de 41 ocupaciones por día: de 7.093 ocupaciones a casi 8.000 este año, que alcanza un ascenso del 15 % en Canarias.

El diputado regional Manuel Domínguez ha asegurado que, para coordinar acciones entre administraciones sobre este asunto, se propondrá una oficina “antiokupación” que traslade los casos a la Fiscalía o a la Delegación del Gobierno.

Funcionaría asimismo como una agencia de información a los ciudadanos sobre procedimientos y pasos a seguir en la materia, y se planificaría una estrategia conjunta de vivienda y justicia que trabaje conjuntamente con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado.

El PP entiende por todo ello que el fenómeno de las ocupaciones ilegales impide ejercer una política efectiva de vivienda porque no se trabaja con la “realidad” del parque de viviendas. EFE

rrc/rdg

1011824