EFESanta Cruz de Tenerife

La exsecretaria interventora del Ayuntamiento de El Tanque (Tenerife) ha reiterado ante el juez que eran ilegales una decena de contratos firmados en 2015 aunque el alcalde, Román Martín (PSOE), levantase los reparos, motivo por el que el edil es acusado de un delito de prevaricación.

Durante el juicio que se ha iniciado este martes en el que Román Martín es juzgado en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acusado de un delito de prevaricación por supuestamente enchufar a una serie de trabajadores a pesar de los reparos de la secretaria-interventora municipal, ésta se ha ratificado en los informes remitidos en aquellas fechas.

Actualmente secretaria interventora en el Ayuntamiento de Los Silos, ha señalado que ocupó ese puesto en El Tanque durante 18 años, de forma discontinua, y ha añadido que cuando se hicieron esos contratos era obligatorio acudir a un proceso selectivo en función de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad.

Y en caso de necesidad sobrevenida y urgente como podía ser para un servicio de atención a personas mayores, ha explicado que había que acudir a una lista de reserva de otros ayuntamientos o del Cabildo de Tenerife porque en dos o tres días enviaban a una personas que había pasado un proceso de selección.

Ha asegurado que el alcalde conocía sus informes tanto de forma verbal como por escrito, ya que ella se lo comunicó, y ha agregado que le asesoró para que firmar un convenio con el Cabildo de Tenerife para acceder a la bolsa de empleo de la corporación insular de forma correcta, para lo que era preciso un acuerdo del pleno municipal.

El convenio se firmó pero "nunca" se utilizó para cubrir las vacantes que había, ha aseverado la exsecretaria interventora.

También ha declarado este martes el jefe de la Policía Local de El Tanque, quien fue secretario accidental de enero a agosto de 2016, y que ante el juez ha comentado que emitió informes desfavorables sobre dos contrataciones.

Los informes los realizó con el asesoramiento de la entonces secretaria interventora, porque él no tiene conocimientos para ejercer esa función, ha recordado.

Además han declarado otras cinco personas, entre ellas una exconcejala socialista que ha reconocido que propuso la contratación de una auxiliar de enfermería, en un proceso que no recuerda cómo se llevó a cabo si bien ha señalado que se eligió un currículo de los presentados a la agencia de desarrollo local.

Este contrato cree que se prorrogó y en cuanto a dos contratos de asistencia domiciliaria ha afirmado que no dio nombres y en cuanto a que si una de las personas contratadas en esta ocasión es tía suya ha dicho que pocas personas tenían la cualificación necesaria, y no reconocido que no recuerda si ya había personal contratado.

Las contrataciones las hicieron entre ella y el alcalde, ha reconocido a preguntas del juez.

Una concejala socialista que en aquellas fechas ocupaba entre otras el área de Fiestas, ha señalado que propuso la contratación de un peón de obra porque era necesario y ha reconocido que ignora cómo se llevó a cabo el contrato que se firmó a una persona que pedía trabajo.

Esta concejala ha manifestado que no conocía en aquellas fechas que la secretaria interventora había emitido informes negativos.

Otra concejala socialista, que ocupaba el área de Juventud, entre otras, propuso la contratación de un animador sociocultural y ha comentado que como llevaba poco tiempo en ese puesto desconocía cómo se llevaban a cabo las selecciones.

Otra declaración ha sido la de una varón que trabajó para el servicio de limpieza del Ayuntamiento de El Tanque durante 6 meses y que este martes ha señalado pasó por la corporación para pedir trabajo al alcalde y que éste le respondió que diese los datos en la planta baja de la corporación.

Este trabajador recibió al cabo de un mes la llamada del alcalde para que fuese a trabaja y ha señalado que no le hicieron prueba alguna y que no sabe qué contrató firmó porque no sabe leer.

La última de las personas que ha declarado este martes trabajo para el Ayuntamiento de El Tanque entre mayo y noviembre de 2015 haciendo limpieza en colegios, después de apuntarse en la corporación.

Si bien en su primera declaración en el juzgado de Icod de los Vinos dijo que había hablado con el alcalde, este martes ha señalado que no lo hizo, y ha agregado que también ha trabajado con otros alcaldes.

El Ministerio Fiscal pide para el alcalde una pena de diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, y acusa a Román Martín de actuar "con ánimo de parcialidad" y "con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente", "prescindiendo de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad así como de los informes desfavorables" de la secretaria-interventora. EFE

rdg/asd

(foto)