EFESanta Cruz de Tenerife

La futura Ley de Políticas de Juventud de Canarias buscará un consenso amplio entre los colectivos sociales y las distintas entidades y administraciones públicas con vistas a alcanzar, entre otras cuestiones, un compromiso en la financiación de las políticas juveniles, cuyas dotaciones deberían de duplicarse en todas las administraciones.

Así lo han dicho este jueves en rueda de prensa la consejera del área, Noemí Santana, y la directora general de Juventud, Laura Fuentes, quienes han expuesto que la idea del Gobierno es adaptar la legislación en torno a los jóvenes a los nuevos tiempos.

Unos tiempos marcados sobre todo por la crisis financiera iniciada en a2008 y la actual por el coronavirus, y por el hecho de que los jóvenes lideran movimientos sociales como la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el cambio climático.

Se abre así hasta finales de mayo un proceso participativo para la reelaboración de la ley, como sugerencias en la redacción, propuestas para atajar ciertos problemas y percepciones de la actualidad social y económica.

La próxima ley que quiere con ello ser colaborativa pese al contexto de restricciones sociales de la pandemia de la covid-19, a través de redes sociales y de distintas tecnologías para que los agentes sociales e institucionales, universidades y administraciones puedan aportar lo que estimen oportuno a los capítulos y párrafos que integrarán el documento.

También se podrá participar a través del Consejo de la Juventud de Canarias, y desde la consejería está previsto acudir a los institutos para impartir clases de unos 50 minutos sobre la futura ley para que los alumnos y alumnas participen en el proceso.

Fuentes ha insistido en que la financiación de toda política sobre juventud debe conllevar un compromiso, por lo que el área, ha añadido, se seguirá reuniendo con el Parlamento de Canarias y con los distintos partidos políticos para alcanzar un consenso “muy amplio”.

Han calculado en la consejería que la dotación a este plan debería de alcanzar el millón de euros, el doble del medio millón actualmente establecido; un incremento que, a juicio de Fuentes, deberían de seguir todas las administraciones, dado su carácter “integral” y la coyuntura social y económica actual.

“El mayor compromiso debe ser el de la financiación. No puede seguir habiendo ayuntamientos que apenas dispongan de 2.000 o 3.000 euros para las políticas de juventud, y tampoco puede haber tantas desigualdades territoriales en Canarias sobre esto”, ha insistido.

“Si concretamos bien la ley, mejoraremos que los ayuntamientos y los cabildos distribuyan mejor las competencias, y podrán invertir más. La idea es que la ley desarrolle metodológicamente cómo se elaborará el primer plan integral de juventud de Canarias, algo que no se ha hecho hasta ahora”, ha añadido Fuentes.

De hecho, el cambio del nombre de la ley, que incluiría el término “políticas”, aporta la visión integral de estas medidas y un cambio en la perspectiva de la propia legislación.

A lo largo del próximo mes se discutirá asimismo sobre ciertas novedades que plantea la consejería, como rebajar la edad de los jóvenes a los que se aplicaría la ley desde los 12 años (no 14) hasta un máximo de 35, no de 30 años, cambios que ya han aplicado otras comunidades autónomas.

Los jóvenes entran a los 12 años a los institutos, ha continuado Fuentes, unos centros educativos en los que la consejería quiere trabajar más porque entienden que “muchos problemas” juveniles se pueden atajar si se abordan desde temprano.

La futura actualización de la ley incluirá igualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, y se discutirá su régimen financiero y el reparto de competencias entre las distintas administraciones.

Todo esto partirá de un documento base que la consejería lleva redactando los últimos seis meses, como una forma de propuesta para los técnicos del área, el personal de administraciones y la ciudadanía en general, las dos universidades públicas o asociaciones.

Y que ha incluido un estudio de los “mejores ejemplos” sobre el asunto de otras comunidades autónomas, como Euskadi o la Comunidad Valenciana. EFE