EFESanta Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves por unanimidad convalidar el decreto por el que se compatibilizan la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital, sobre lo que CC pidió flexibilidad en los requisitos o, a su juicio, se colapsarán los servicios sociales.

Todos los grupos parlamentarios han mostrado su respaldo a la adaptación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) al Ingreso Mínimo Vital (IMV) aunque en el caso de Ciudadanos, Partido Popular y CC-PNC-AHI expusieron matices en cuanto al texto.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, señaló ante el pleno que se trata de introducir cambios que aporten seguridad jurídica a los solicitantes de ambas presentaciones y que incluyen, entre otros, el de que la PCI seguirá vigente, aunque sus solicitantes deberán corroborar que previamente también han pedido el IMV.

Sin embargo, los solicitantes no van a tener que esperar a que se resuelva esta última prestación, pues durante el tiempo de resolución del expediente el beneficio de la PCI la seguirá cobrando.

En el caso de que la resolución de la solicitud del IMV sea negativa "no pasará nada" y el solicitante seguirá percibiendo la PCI, indicó la consejera.

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI.

“Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

La diputada del grupo Nacionalista Canario Cristina Valido apoyó el texto pero expresó su preocupación por el requisito de que para solicitar la PCI hay que acreditar que también se ha pedido el IMV, lo que en su opinión puede retraer a los solicitantes ante la demora en la tramitación de la prestación estatal.

Además, continuó Valido, si todas las personas a las que se les niegue el IMV acuden a solicitar la PCI "se va a colapsar el servicio y se avecinan meses muy complicados", por lo que pidió flexibilidad en la tramitación.

Vidina Espino, portavoz del grupo Mixto por Ciudadanos, apoyó la convalidación del decreto aunque su juicio es insuficiente, pues supone "un fracaso" y no se puede "vender como un éxito" a la ciudadanía el reconocimiento de que muchas personas no han podido conservar su trabajo.

Por la Agrupación Socialista Gomera la diputada Melodie Mendoza indicó que se trata de proteger a quienes más lo necesitan y no dejar a nadie atrás, mientras que por Sí Podemos Canarias la parlamentaria María del Río se congratuló de que ambas prestaciones convivan en Canarias y no se elimine la ayuda autonómica, como ha ocurrido en otras regiones.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, se mostró sorprendida por la nula valoración que a su juicio efectúa la oposición del IMV y advirtió contra los mensajes por interés partidario puesto que, añadió, en su día, los herederos políticos cuestionarán si los partidos actuales estuvieron al lado de quienes arriman el hombro o de quienes se suman "al carro del Apocalipsis".

Para el diputado popular Hipólito Suárez la crisis ha puesto en evidencia de forma descarnada las fuertes carencias de la sociedad canaria y se preguntó si los representantes del Gobierno van a tomar esta situación "como un aviso para de verdad no dejar a nadie atrás", al tiempo que cuestionó a Noemí Santana sobre si "no llegamos tarde, porque Canarias no se lo perdonará".

Por el grupo Socialista Lucía Tejera dijo que la compatibilidad de ambas prestaciones es "un triunfo social" y la garantía de que no habrá más familias en la pobreza en el archipiélago. EFE

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