EFELas Palmas de Gran Canaria

El exinterventor de Arrecife (Lanzarote) Carlos Francisco Sáenz Melero y los dos empresarios procesados en la tercera pieza del "caso Montecarlo" han reconocido ante la Audiencia de Las Palmas que se apropiaron de 310.000 euros del Ayuntamiento, con una serie de operaciones por las que se les acusa de prevaricación, cohecho, malversación y falsedad.

En el juicio que se ha celebrado por videoconferencia en las sedes de la Audiencia de Las Palmas y de los juzgados de Arrecife, el interventor y los empresarios José Vicente Montesinos y Javier Betancor, sin embargo, se han mostrado disconformes con las condenas que solicita el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones personadas en esta causa, que examina hechos de 2008 a 2012.

El único de los cuatro procesados que ha negado los cargos ha sido el abogado Federico Toledo Guadalupe, que se enfrenta a una solicitud de condena de cuatro años y diez meses de prisión por un delito de deslealtad profesional como asesor legal externo del Ayuntamiento.

La pieza que se juzga es la última del "caso Montecarlo", un entramado de desvío de fondos de varios ayuntamientos de Lanzarote que implica a ediles, funcionarios y empresarios.

Carlos Sáenz ha reconocido que él y el entonces concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, ya fallecido, "se valieron de las funciones públicas que ostentaban" para sustraer ilícitamente fondos municipales del Ayuntamiento de Arrecife mediante el abono de facturas a las sociedades mercantiles Gestecal SL, Recingest SL y Progestril SL, de las que Montesinos era administrador único.

Las facturas tenían "apariencia de legalidad mediante la adjudicación fraudulenta de contratos con dichas empresas y de una ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales", según los hechos que han admitido estos tres acusados.

Así mismo, han reconocido que el precio de los contratos se fijaba por debajo del límite máximo legal de 18.000 euros previsto en la norma de contratación pública para contratos menores.

En el juicio de este jueves Toledo Guadalupe ha defendido su inocencia y ha explicado al tribunal que en las dos procedimientos -uno abreviado y otro ordinario- para los que se le contrató y que estaban relacionados con estos contratos ilícitos, actuó como letrado del Ayuntamiento y defendió los intereses de la corporación y ha negado que su intención fuera que los juzgados no le dieran la razón.

El abogado ha rechazado tener relación alguna con la trama ideada por el interventor o vínculos patrimoniales con los dos empresarios procesados, y ha informado de que cuando fue imputado por esta causa lo comunicó por dos veces al Ayuntamiento para apartarse de las dos procedimientos que llevaba, pero no recibió contestación alguna.

La defensa de Montesinos ha indicado a Efe que su cliente, al igual que los dos empresarios, han llegado a un acuerdo con las acusaciones, por lo que se ha conformado con una condena de tres años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos, otro de cohecho y uno de blanqueo de capitales.

Además, deberá pagar al Ayuntamiento 290.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El exinterventor ha reconocido que ideó una trama para pagar contratos ficticios junto con su amigo y empresario José Vicente Montesinos y con el entonces edil de Hacienda José Miguel Rodríguez y que ello le permitió apropiarse de fondos públicos. EFE

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