EFESanta Cruz de Tenerife

Nueva Canarias ha denunciado este viernes el "encarcelamiento fáctico" de los inmigrantes en el archipiélago, tras la negativa del Gobierno de España a realizar traslados a la península y crear 7.000 plazas de alojamiento en carpas.

"No lo vamos a permitir", ha advertido en un comunicado Luis Campos, portavoz en el Parlamento autonómico de Nueva Canarias, partido que comparte el ejecutivo regional con PSOE, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera.

El Gobierno de España ha protagonizado este viernes "un despliegue ministerial", pero ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha encendido "todas las alarmas e indignación", por alinearse "con la miserable y repugnante política de la Unión Europea" en lugares como Lesbos, al querer convertir a Canarias en zona "de contención".

"No vamos a permitir que nos conviertan en una cárcel, esta política de encarcelamiento fáctico en Canarias de los inmigrantes será combatida con firmeza desde Nueva Canarias", advirtió.

Campos ha agradecido la solidaridad de comunidades como Euskadi, Extremadura y Castilla-La Mancha, dispuestas a colaborar en la acogida de los 9.000 inmigrantes que hay en Canarias llegados en pateras y cayucos.

Al mismo tiempo, ha considerado "lamentable" que tengan que ser los territorios del Estado "los que comprendan" la situación que se vive en Canarias frente "a la desidia" del Gobierno de España.

"En ausencia del ejecutivo de Pedro Sánchez, debemos empezar a generar, las instituciones públicas y la sociedad canaria, contactos con otras comunidades y ciudades solidarias para organizar una red de acogida, si fuera preciso", plantea Luis Campos.

El portavoz reconoció la importancia de habilitar 7.000 plazas de acogida en carpas para contribuir a "poner fin a la indignidad del muelle de Arguineguín", pero añadió que "esa no puede ser la política migratoria del Estado para Canarias".

"Toda política integral que niegue las derivaciones no la vamos a aceptar", porque "solo tiene el objetivo de que las personas no salgan de aquí".

La respuesta del Gobierno de España es "una ofensa a las islas, al Gobierno de Canarias, a las corporaciones locales y a las organizaciones sociales".

Las derivaciones, afirmó Campos, deben incluir a los menores no acompañados, unos 2.000 en la actualidad. EFE

acp