EFESanta Cruz de Tenerife

El diputado del Común, Rafael Yanes, ha reclamado un "impulso urgente" a la dependencia en Canarias, donde los plazos legales "se multiplican por cuatro", y ha citado el caso de un hombre de 101 años que falleció sin recibir prestación 352 días después de ser reconocido.

Esta es una de las principales deficiencias en los servicios públicos canarios que aborda el Diputado del Común en su informe anual de 2018, que fue entregado este jueves por Rafael Yanes a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.

Además del caso del anciano de 101 años al que no se dieron los servicios a los que tenía derecho, Yanes citó también el de un niño de cuatro años al que se le reconoció "dependencia máxima" en octubre de 2017 y su familia sigue esperando aún por una prestación.

El diputado del Común demandó "un impulso urgente" al servicio de la dependencia, tanto en la dotación de más personal como en la simplificación de trámites para que no sea "bifásico", es decir, que los usuarios no tengan que trasladarse hasta dos veces para lograr que se tramite su expediente.

Yanes admitió que en la Dirección General de la Dependencia "hay predisposición" a mejorar las cosas, pero se mantienen las carencias de personal y no se ha cambiado el procedimiento administrativo.

En cambio, Rafael Yanes consideró que en el caso de la tramitación de los carnés de familia numerosa sí se han resuelto las quejas de años anteriores, gracias a un "plan de choque" que puso en marcha la Dirección General del Menor y la Familia.

Otra de las áreas en las que han aumentado las quejas al Diputado del Común es la relacionada con el comercio electrónico, por la pretensión de cobrar a los consumidores costes de transporte no previstos ni pactados.

Rafael Yanes explicó que estas denuncias están en fase de investigación y se han hecho requerimientos al respecto a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias.

En 2018 hubo tres resoluciones por obstruccionismo a la actuación del Diputado del Común contra autoridades.

La alcaldesa de Arrecife de Lanzarote, Eva de Anta, del PSOE, ha sido declarada obstruccionista en dos ocasiones en el mismo año, primero por no colaborar en el expediente sobre viviendas del barrio de Titerroy, y en otro por no contestar a peticiones de un trabajador municipal.

La otra autoridad declarada obstruccionista en 2018 es el decano del Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria por negarse hasta en cuatro ocasiones a facilitar informes solicitados por la institución autonómica.

La declaración de una autoridad como obstruccionista se produce después de tres requerimientos oficiales anteriores sin respuesta, y solo en el caso de que se aprecien indicios de delito se da traslado de los hechos a la fiscalía, lo cual no ha ocurrido en ninguno de estos casos.

Yanes informó de que en 2018 se han tramitado en la institución del Diputado del Común un 21 por ciento más de expedientes, y sobre todo han crecido los relacionados con el área de igualdad y violencia (un 560 por ciento), gracias al nombramiento de una adjunta especial, Beatriz Barrera.

También han crecido un 460% los expedientes abiertos de oficio por la institución, sin esperar a que hubiera quejas de ciudadanos. EFE