EFESanta Cruz De Tenerife

El 30% de los empleados públicos en Canarias son interinos, ha informado este martes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, quien ha lamentado que este "elevadísimo" ratio se prolongue, incluso, durante décadas.

Pérez, que ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar de los objetivos, plan de trabajo y agenda legislativa de su Consejería a petición propia y de los grupos Nacionalista, Sí Podemos Canarias, Socialista Canario y Nueva Canarias, ha admitido que "con un 30% de interinidad nadie hace nada bien" y ha precisado que no todas las situaciones de interinidad son anómalas

Para corregir esta situación, el Gobierno ha abogado por llevar a cabo "procesos de consolidación del empleo público" pues, ha agregado, la calidad del empleo público condiciona la calidad del servicio público y la administración en Canarias, donde ha detallado que hay en torno a 74.000 empleados públicos de los que un 30% son interinos, según estimaciones del propio Ejecutivo.

Además, ha afirmado que "es posible" que llegue el dinero de la deuda de carreteras a Canarias y que "no haya gente", es decir empleados públicos, que puedan ejecutar las obras y ha avanzado que las oposiciones que se paralizaron en verano continúan y que en "un par de meses" espera que comiencen estos procesos.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en simplificar la relación de puestos de trabajo en el que ahora tardan hasta un año en ponerse de acuerdo con los sindicatos.

En su opinión, la necesidad de revisar la situación del empleo público es "notoria" y hay que hacerlo "con urgencia y templanza", ha añadido Pérez, quien ha alertado de que en los próximos años se jubilarán la mitad de los funcionarios.

Esta situación deriva en "un problema de reposición" que hay que hacer frente con la convocatoria de oposiciones, ha señalado el consejero, quien cree que también es importante retener el conocimiento en la administración pública.

Según el consejero, su área necesita un impulso en la estabilidad de su propia estructura y personal, que debe actualizarse de forma permanente, y también avanzar hacia la digitalización, sobre todo, en los procesos internos para acabar con "montañas de papel".

La transparencia es otro de los retos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que se ha propuesto mediar y evaluar toda sus acciones, como el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores o el número de interinos que hay.

También el Gobierno quiere "reforzar y extender" sus relaciones con el Parlamento pues, según Pérez, "ninguna labor del gobierno es más importante que someterse al control parlamentario".

La diputada de CC Socorro Beato ha valorado que el Gobierno sea "continuista" con asuntos como la implantación administración electrónica y ha reivindicado una mayor concreción respecto a los objetivos de la reducción de la tasa de interinidad en la administración pública.

Por CC-PNC también han intervenido Jonathan de Felipe, quien ha exigido al Ejecutivo que destine más recursos para garantizar la asistencia jurídica gratuita; y Juan Manuel García, quien ha defendido el papel de la Policía Canaria, que el anterior Gobierno había relanzado con nuevas plazas.

La diputada del PP Luz Reverón ha considerado contradictorio que el Gobierno defienda la transparencia y, al mismo tiempo, no actualice la página web del Gobierno de Canarias, en la que aún figura el anterior equipo de gobierno.

Ha denunciado que "todavía" el Ejecutivo no haya llevado al Parlamento la declaración de emergencia climática en Canarias y que no haya dado a conocer los pasos que va a seguir respecto al palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife.

En relación al personal de la administración pública, ha recalcado que hay un problema de interinidad y ha pedido al Gobierno que aclare cuándo convocará los procesos selectivos que fueron paralizados en verano generando "mucha incertidumbre" entre los opositores.

El diputado de Podemos Francisco Déniz ha insistido en la necesidad de "resetear" y modernizar la administración y ponerla a servicios de los tiempos, además de en reducir la interinidad para lo que ha dicho que es necesario negociar con los sindicatos la relación de puestos de trabajo.

Francisco Déniz ha pedido al Gobierno que acelere la construcción de la ciudad judicial de Santa Cruz de Tenerife, mejore la transparencia de los organismos que dependen del Gobierno y cree un registro de los grupos de presión.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha señalado que es un "reto importante y esencial" mejorar la ley canaria de transparencia y facilitar así el acceso a la información "de forma inmediata", y ha abogado porque los trabajadores públicos recuperen los derechos laborales perdidos por los recortes realizados durante la crisis.

Mendoza, que ha reclamado que se amplíen los turnos de guardia de asistencia letrada en La Gomera, ha reclamado al Gobierno que reduzca los tiempos medios de tramitación, ya que es una de las principales quejas de los ciudadanos, y que se eliminen duplicidades administrativas con cabildos y ayuntamientos.

También ha pedido al consejero que se reúna con los bomberos voluntarios de La Gomera, donde prestan "un servicio esencial", a pesar de carecer de medios suficientes para hacer su labor.

La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez ha criticado que en Puerto del Rosario las instalaciones del palacio de justicia están esparcidas en distintos inmuebles, lo que provoca que algunos detenidos tengan que pasar por la puerta de un supermercado para acceder a la sala de juicio.

El diputado del PSOE Manuel Martínez se ha posicionado a favor de mejorar la información que el Gobierno ofrece a la sociedad para "revertir desconfianza de la ciudadanía" y ha opinado que es "alarmante" que en los próximos cuatro años se jubile el 80% de los funcionarios debido a la pérdida de conocimiento que se puede producir.