El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre los ERTE y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, entre otras medidas económicas y sociales para la isla.
El real decreto ley aprobado por el Gobierno extiende además por tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social y se prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, que dispondrán hasta 6 meses después de la declaración de fin de la emergencia.
Según ha informado el Gobierno, el objetivo es continuar protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se impulsa la reconstrucción de la isla.
Estas medidas habían sido aprobadas inicialmente por el Gobierno en septiembre y su aplicación se extendió en febrero hasta el 30 de junio.
Pero ahora se prorrogan porque los efectos laborales y sociales provocados por la erupción persisten.
"Es necesario mantener las ayudas y la intervención pública para la reactivación de la actividad económica", indica el Gobierno.
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha propuesto estas prórrogas "con el objetivo de seguir protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se continúa avanzando en la recuperación económica y social, así como en la reconstrucción de la isla, en colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados".
El Gobierno de España señala que "La Palma tiene futuro y los trabajos allí no terminarán hasta que todos y cada uno de sus habitantes hayan recuperado sus proyectos de vida". EFE
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