EFELas Palmas De Gran Canaria

Los empresarios Luis Lleó y Fernando Becerra eludirán la cárcel tras pactar con la Fiscalía unas condenas sustituibles por multas a cambio de haberse confesado culpables del soborno que destapó una de las tramas de corrupción más importantes instruidas en Canarias, el "caso Unión".

La Audiencia de Las Palmas ha celebrado este jueves la vista en la que los dos procesados han reconocido, once años después, que trataron de comprar al consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (PSOE) para que desbloqueara una operación urbanística valorada en 69 millones de euros: la construcción de más de un millar de viviendas en la localidad turística de Playa Blanca.

Ese intento de sobornar a Espino con 600.000 euros, que el propio consejero socialista grabó para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, destapó toda una trama de corrupción en administraciones públicas que ha dado lugar ya a varios juicios y condenas, en procedimientos conocidos todos ellos con el nombre de "caso Unión".

Desde este martes, Luis Lleó está condenado en sentencia firme a un año y cinco meses de cárcel y 150.000 euros de multa y su intermediario, Fernando Becerra, a un año de cárcel y 100.000 euros de multa, ambos como culpables de un delito continuado de cohecho.

Sin embargo, cada uno de ellos podrá sustituir la condena de prisión que les queda por cumplir (una vez descontado el tiempo que estuvieron en la cárcel como preventivos) por una multa de 20 euros por cada día de reclusión conmutado.

A petición del fiscal Javier Ródenas, a los dos procesados se les ha aplicado las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, al estimar el representante del Ministerio Público que, aunque "tardío", el reconocimiento de los hechos que se les imputaban ha sido "útil y eficaz" porque ha evitado la celebración de un juicio con jurado que hubiera durado cuatro meses.

Además, el fiscal ha recalcado que los condenados han sufrido una instrucción que no ha sido ágil, ya que ha acumulado tres años y seis meses de paralizaciones.

Para abonar las multas de 150.000 y 100.000 euros que han sido impuestas, respectivamente, Luis Lleó tendrá un plazo de dos años que en el caso de Becerra se ampliará a dos años y cinco meses.

La Audiencia de Las Palmas ha aceptado, tal y como ha interesado el fiscal, devolver a Luis Lleó la fianza de 1.330.000 euros que se le solicitó en su momento y dejar sin efecto el embargo de sus bienes practicado en relación a esta causa.

Las defensas de los procesados se han comprometido a no recurrir la sentencia de conformidad dictada a viva voz en la vista oral celebrada este jueves.

La Fiscalía pedía para el promotor inmobiliario Luis Lleó una pena de seis años de cárcel y otra menos severa, de un año y seis meses, para su intermediario Fernando Becerra.

En su escrito de acusación el Ministerio Fiscal responsabilizaba a Lleó de haber ideado un plan para recuperar las pérdidas millonarias que le había ocasionado la impugnación por parte del Cabildo de Lanzarote de la licencia que le había otorgado en 2006 por el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, condenado ya en varios procesos por corrupción, para hacer una macrourbanización.

Ese plan incluía "corromper" al consejero Carlos Espino para que convenciera a los técnicos de la corporación lanzaroteña de que hicieran "un traje a medida" que permitiera desbloquear su proyecto.

Para hacer llegar a Espino sus pretensiones, Lleó citó a su intermediario, Fernando Becerra, en la cafetería Unión de Arrecife, donde le entregó la "hoja de ruta" que pretendía que siguiera el consejero, de ahí que este establecimiento haya dado nombre a las piezas que se fueron derivando de la instrucción. EFE

pcr/jmr