EFELas Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía acusa al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, de descapitalizar de forma fraudulenta Seguridad Integral Canaria (SIC) transfiriendo sus bienes a otras empresas o personas supuestamente controladas por él, con el fin de eludir los embargos por las deudas millonarias que esta arrastra con Hacienda y la Seguridad Social.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha aceptado esta nueva querella del Ministerio Público contra Ramírez, lo que abre un procedimiento penal que se suma a los otros dos que el empresario tiene ya en marcha desde hace tiempo en los juzgados de la ciudad, ambos por fraude a la Seguridad Social.

En el primero se le acusa de "camuflar" sistemáticamente las horas extras que cobraban los vigilantes de SIC como si fueran dietas y, en el segundo, se le reclaman las cotizaciones que dejó de abonar al pagar a sus trabajadores un convenio de empresa con sueldos muy inferiores los pactados en el sector a nivel nacional, en una práctica luego declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

La Fiscalía de la Audiencia de Las Palmas vuelve a querellarse contra Ramírez por una serie de prácticas de ingeniería financiera que entiende dirigidas a impedir que Hacienda, la Seguridad Social y los trabajadores de SIC cobren las deudas derivadas de esos procedimientos penales y de otros expedientes que esa compañía tiene abiertos por la Agencia Tributaria.

Entre estas últimas, cita una reclamación de siete millones de euros de Hacienda a SIC por no abonar determinadas cantidades derivadas de retenciones del IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades.

Ramírez fue conocido durante años como "el rey de la seguridad low cost", por los numerosos contratos públicos que SIC consiguió en todo el país con sus tarifas, mucho más bajas de la competencia, en una estrategia que se vino abajo cuando el Supremo obligó a la empresa a pagar los salarios pactados en el convenio sectorial.

El Ministerio Público le acusa ahora -a él y a otras ocho personas, entre ellas a Héctor de Armas, actual administrador de SIC- de insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores, porque considera que vació de bienes la compañía de seguridad para eludir el pago de sus deudas, mediante operaciones financieras que los pusieron a nombre de terceras personas, empresas o fundaciones tras las cuales ve la mano del propio Ramírez.

Al sostener esa tesis, la Fiscalía da la razón a los sindicatos del sector, que llevan años denunciando que las empresas que estaban tomando el relevo de SIC tras declararse esta en concurso de acreedores, como Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) o Novosegur, son compañías controladas por el propio Ramírez a través de personas interpuestas, algo que este siempre ha negado.

A la primera de esas empresas, SVC, Seguridad Integral le transfirió la mayoría de su cartera de clientes por 37,4 millones de euros, que debía abonar en 60 mensualidades de 624.000 euros, una compensación, subraya la Fiscalía, que "se desvanece" poco después gracias a una operación instrumentada por "la asesoría de don Miguel Ángel Ramírez, Mar Asesores y Consultores".

El Ministerio Público cita varias operaciones más, como la venta de las acciones de la UD Las Palmas que poseía SIC a Miguel Ángel Ramírez -unos títulos que sobre los que se había dictado orden de embargo, que no pudo ejecutarse a tiempo- por precio inferior al real (el nominal) y que, según sus datos, el empresario tampoco abonó, al alegar una supuesta deuda del club de fútbol con él.

El auto que admite a trámite la querella también revela que las personas que figuran como propietarias de Sinergias -una antigua empleada de Ramírez, Alicia Rosa Pérez, con el 99 % y el padre del propio empresario, Francisco Segundo Ramírez, con el 1 %- han sido sometidos a vigilancia para probar que ni siquiera pisaban la empresa que administraban.

A ello, la Fiscalía añade otros indicios que, a su juicio, prueban que SVS pertenece a Ramírez, como la titularidad de la tarjeta de crédito ilimitado American Express Centurion que maneja Alicia Rosa Pérez o los ingresos que recibe otras empresas en la órbita del presidente de la UD Las Palmas.

El Ministerio Público apunta como parte fundamental de ese entramado a la empresa Gestiones y Asesoramiento 3000 (GYA), propiedad de dos primos de Miguel Ángel Ramírez; supuestamente, añade, porque bajo su criterio se trata de otra sociedad más del querellado.

Según la Fiscalía, "GYA es una empresa cuya finalidad es la de ser mero titular de los bienes y fondos que se desvían del entramado societario" al que pertenecía Seguridad Integral y que a lo largo de su trayectoria ha registrado a su nombre 128 fincas, entre ellas la vivienda del propio Miguel Ángel Ramírez.

La juez Ana Isabel de Vega admite a trámite esta querella porque considera que aporta "indicios suficientes" de que Ramírez se ha servido de "personas allegadas, como familiares y amigos, que sirven para figurar como meros detentadores de participaciones o cargos sociales" para evitar que se "descubriera la finalidad" de esas operaciones, "que no es otra que la desviar esos fondos (de SIC) para evitar su embargo".

Fuentes del entorno de Ramírez han señalado que el empresario "está tranquilo", porque cree que "en el momento procesal oportuno podrá demostrar que esta querella no se ajusta a la realidad".

Ramírez "se siente acosado por la fiscal que formula esa querella", la especialista en delitos económicos de la Fiscalía de Las Palmas, Evangelina Ríos, que ya le ha denunciado en otros procedimientos y que ahora, desde su punto de vista, plantea un relato que no es más que "una sucesión de interpretaciones maliciosas", añaden las fuentes. EFE

jmr/as