EFELas Palmas de Gran Canaria

El exportavoz de CC en el Congreso José Carlos Mauricio se ha quedado solo hoy en la defensa de su inocencia en el juicio en el que se le acusa de haber falseado un contrato laboral para ayudar a un amigo a regularizar la situación de su pareja, una ciudadana cubana, después de que estas dos personas se hayan declarado culpables de esos mismos hechos.

Tanto el decano de la Facultad de Economía de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Benítez, como la ciudadana cubana Mayra Despaigne han reconocido ante el Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad que, como denuncia la Fiscalía, amañaron un contrato de la Fundación Centro de Estudios Canarios para facilitar que ella regularizara sus permisos de inmigración.

Ambos han dado ese paso después de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público por el que este reduce las penas de un año y tres meses que pedía para cada uno de ellos por otras de seis meses de prisión, que además permitirían a Despaigne permanecer en España.

Los dos acusados han decidido cambiar la versión que habían mantenido durante toda la instrucción del caso por consejo de su abogado, que avisó de ello a José Carlos Mauricio.

Sin embargo, este ha decidido seguir proclamándose inocente a pesar de sentirse "indefenso", porque considera que lo ocurrido en esta causa penal "es un escándalo".

"Yo me he negado a decir mentiras", porque "aunque solo sea un día de pena el que me pongan, si es por una mentira yo no lo acepto", ha afirmado. "Es una indignidad de la Justicia", ha protestado.

En este sentido, Mauricio ha declarado que Benítez le dijo que les ofrecían "reducir la pena si aceptaban lo que decía la Fiscalía", porque en el caso de una pena superior a un año "a ella la expulsaban del país".

Según ha explicado tras la vista, el otro acusado le comentó que a él le "podían reducir incluso más la pena", pero se negó a aceptarlo, porque "es un chantaje de la Justicia".

Para el exconsejero, "esto es una perversión judicial", porque el posible trato que le ofrecían "no es para coger a un culpable sino para que un inocente se autoinculpe".

Ante el alegato acusatorio de la Fiscalía, ha insistido en que no le "han dejado" explicarse "en ningún momento" durante la sesión, en la que fue continuamente fue interrumpido para pedirle que en sus contestaciones se ciñese a los hechos y a las preguntas concretas.

"Dicen que la Fundación no tenía dinero y ya he dicho que me pagaron el día 15 de abril" en el periodo que Mayra Despaigne estaba trabajando, ha detallado.

Además, en relación a la vigilancia realizada en el centro de trabajo, que ha usado la fiscalía para acreditar que el contrato es falso, Mauricio sostiene que la acusación "se ha equivocado todo el tiempo", ya que habla del local de la plaza de Santa Ana "cuando la sede estaba en la calle Sargento Llagas 32, como figura en el contrato".

"No es mi domicilio, como dicen, ya que aunque figura mi nombre y el de la que era mi pareja en el buzón, era en calidad de representantes de la Fundación, de la que ella era presidenta", ha continuado.

Aunque ha asegurado que "entiende" que los otros dos procesados se confiesen culpables "por amor", ante una decisión "muy difícil, porque a ella la echan de España", José Carlos Mauricio ha insistido en que lo siente mucho pero "no debe decir mentiras".

El exdiputado nacionalista ha insistido en que el contrato que hizo a Despaigne no era ficticio, aunque fuera la pareja de esta, Benítez, quien asumiera el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

"No veo mal" que "si necesito ayuda y ella puede hacerlo, contratarla y hacerle el favor para que pueda quedarse en España", ha indicado en el juicio, aunque ha admitido que "se incumplieron los horarios y pagos porque "acordaron un trabajo flexible" y "por objetivos".

Este trabajo, tal y como ha desglosado, "consistía en recopilar información de un listado de páginas web y recortes de prensa de contenido turístico", que "es un trabajo bien sencillo" y que figura en tres carpetas.

Esta documentación, presentada en la sesión, ha sido descartada por los magistrados.

También han declarado durante la sesión varios Policías Nacionales que intervinieron en la vigilancia y el instructor del atestado, que ha incidido en las irregularidades de extranjería que presentaba Mayra Despaigne.

"Tenía hasta cinco cartas de invitación de Juan Manuel Benítez" y aún así "pidió el empadronamiento", alegando además que "había perdido el pasaporte para solicitar una copia en la que no figuraban fechas de entrada y salida", ha señalado una de los funcionarias policiales, que ha añadido que ese último recurso "es muy habitual en los inmigrantes en situación irregular".

La inspectora ha destacado que en la visita a la oficina situada en la plaza Santa Ana la acusada aseguró que "tenía el ordenador estropeado" para no presentar pruebas de su trabajo y que "se mostraba muy nerviosa".

Esta inspección se realizó tras diligencias previas que apuntaban a una irregularidad, ya que la Fundación no tenía ingresos ni trabajadores hasta ese momento, y "no había pruebas de que (la acusada) hubiese trabajado en nada" y se había descubierto que las cuotas de la Seguridad Social "eran a costa de la retribución de un tercero". EFE

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