EFESanta Cruz de Tenerife

El empresario y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha dicho este miércoles que no tiene nada que añadir, una vez que su abogado defensor y los de sus hijas han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para aceptar una pena de doce meses de prisión por un delito de estafa.

La petición la ha formalizado el Ministerio Fiscal en la segunda y última sesión del juicio que se ha seguido contra Concepción y sus hijas Eloísa y Verónica por presunta estafa cometida en la gestión de la compañía aérea Islas Airways, que en 2012 se declaró en concurso de acreedores.

La estafa se habría cometido en los ejercicios económicos de 2008 a 2011 y, después de que Miguel Concepción admitiese el lunes pasado que era quien tomaba las decisiones, el Ministerio Fiscal rebajó la petición de condena de cuatro años a 12 meses por ese reconocimiento y porque durante el proceso se han producido dilaciones indebidas.

La estafa habría consistido en cobrar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que correspondían por la bonificación de las tarifas aéreas a los pasajeros residentes canarios, que en los vuelos interinsulares tenían en esos años un descuento del 50 %, mientras que la administración pagaba a las compañías aéreas el resto.

El Ministerio Fiscal considerada que se ha cometido un delito de estafa continuada y agravada y también pide que los acusados paguen 3,4 millones de euros, que es la cifra que considera que corresponde por falsear los números de los ficheros para cobrar más de lo que correspondía.

En la jornada de este miércoles han declarado por videoconferencia cuatro peritos que llevaron a cabo la investigación y quienes han dicho que sin la colaboración de la compañía aérea no se puede saber con exactitud la cantidad que pagaron los pasajeros.

Han explicado que en periodo investigado la compañía aérea emitió unos dos millones de cupones de vuelo, de los que se hizo un muestreo de 5.000 y el resultado de éste trabajo se extrapoló al resto.

La sobrefacturación la cuantificaron en algo más de 3,4 millones de euros, han dicho estos peritos, que han reconocido que la denuncia que había presentado la compañía aérea Binter, competidora de Islas Arways, fue importante para iniciar la investigación.

Asimismo, han apuntado que el beneficiario de la aportación del Ministerio de Fomento son los pasajeros, mientras que las compañías aéreas son intermediarias.

Las acusaciones particular y popular, ejercidas por la Abogacía del Estado y Binter, respectivamente, quieren que a la estafa se sume de forma alternativa el delito continuado de fraude en subvención, y elevan la cantidad dineraria a más de 7,4 millones de euros.

El abogado de Binter ha asegurado que de no ser por esta empresa no se sabría del engaño y ha rechazado que haya atenuantes en un caso que ha calificado de grave, porque también se habría cometido "creyéndose impunes".

Los tres abogados defensores de Miguel Concepción y sus hijas han comentado que se desconoce cómo Binter pudo saber que se había cometido el delito para presentar la denuncia y han insistido en que no se trataba de subvenciones, ya que el beneficiario es el viajero y lo que hace la compañía aérea es recibir dinero por prestar un servicio.

Además, han citado un acuerdo que hubo en un juicio por los mismos motivos que afectó a Air Europa con vuelos a Baleares, en el que también se llegó a una conformidad, pero en el que, han remarcado, no se condenó al consejo de administración de la empresa.

También han insistido en que han transcurrido más de ocho años desde que se presentó la denuncia, un retraso que no creen imputable a los acusados, quienes consideran que el hecho de que el Ministerio de Fomento retuviese dinero ayudó a que la compañía entrase en concurso de acreedores.

Las acusaciones quieren que se tengan en cuenta actuaciones como liquidar al Ministerio de Fomento una tarifa completa cuando en realidad el pasajero había obtenido descuentos por programas de fidelización mediante puntos, y sobre facturaciones por liquidar billetes de la tarifa más cara a pesar de que "que ni siquiera habían sido pagados por el pasajero, por tratarse de comisiones de servicio de empleados, billetes de cortesía o billetes para empleados y sus familiares". EFE