EFEArrecife (Lanzarote)

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC) ha asumido este martes, ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, que fue suya la decisión última de incautar en septiembre de 2014 la planta desaladora privada de la empresa Club Lanzarote, en Montaña Roja (Playa Blanca).

En la primera sesión del juicio contra San Ginés y otros dos acusados, el expresidente ha explicado que optó por la incautación de la desaladora y no por clausurar las instalaciones para evitar que unos 6.000 vecinos de Playa Blanca se quedaran sin abastecimiento de agua potable.

Así mismo, ha manifestado que fueron las denuncias vecinales por el elevado precio del agua y la inexistencia de un título habilitante para vender agua a terceros los motivos que le llevaron a ordenar la incautación.

En el juicio por el caso de las desaladoras están imputados también el exsecretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo, y el exgerente del Consejo Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín.

La acusación popular pide 12 años de inhabilitación para cada uno de los acusados por prevaricación administrativa al entender que se tomó la decisión de incautar la desaladora a sabiendas de que era ilegal.

La primera de las tres vistas previstas se ha celebrado después de que la Audiencia de Las Palmas rechazara la petición de las defensas de suspender el juicio.

Las defensas sostienen que la acusación popular ejercida por los que fueron consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y Pablo Ramírez no está legitimada para actuar, una cuestión que la titular del Juzgado de lo Penal número 3 ha precisado se resolverá en la sentencia, por lo que el juicio continuará este miércoles.

En su declaración, San Ginés ha reconocido que contaba con dos informes jurídicos verbales, tanto del abogado y asesor externo Ignacio Calatayud (y amigo personal como ha reconocido) como del que fuera secretario del Consejo Insular del Agua como del Cabildo de Lanzarote Francisco Perdomo, en los que abogaban por dos opciones: la clausura de la planta o la incautación.

El expresidente del Cabildo ha defendido que adoptó la decisión de incautar la desaladora sin un informe jurídico previo y por escrito porque podía hacerlo sin autorización judicial, dado que la planta era un bien de dominio público.

San Ginés, que se ha negado a contestar a la abogada de la acusación popular al entender que no estaba legitimada como argumenta su defensa, ha insistido en que fue un último requerimiento del Diputado del Común lo que derivó en la incautación.

Este requerimiento estaba motivado por las reiteradas denuncias presentadas por los vecinos de Montaña Roja por el servicio de abastecimiento de Club Lanzarote y en él se le advertía con llevar el caso a la Fiscalía, por lo que procedió a incautar la desaladora, ha detallado.

En cuanto a la decisión del Cabildo de entregar la producción de agua de la desaladora de Montaña Roja a la empresa Canal Gestión, que gestiona la producción y distribución de agua en toda la isla, se debió a que era la única empresa autorizada en Lanzarote a llevar a cabo ese servicio, ya que Club Lanzarote no podía vender agua a terceros sino solo para autoconsumo de la empresa privada.

Este argumento ha sido rechazado por el letrado de Club Lanzarote, Pedro Soriano, que ha declarado como testigo y ha insistido en que la autorización concedida por el Gobierno de Canarias era para abastecer de agua a todo los propietarios del plan parcial.

En el juicio, exsecretario del Cabildo Francisco Perdomo se ha negado a declarar, mientras que José Juan Hernández Duchemín tampoco ha respondido a las preguntas de la acusación popular.

Duchemín, que fue interrogado por su letrado, ha indicado que elaboró un informe, pero no a favor de la incautación, y que en él se recogía que tenían que adoptar medidas por las infracciones cometidas por Club Lanzarote.

El exgerente de Canal Gestión Lanzarote Gerardo Díaz, que también ha declarado como testigo, ha dicho que en el contrato firmado con el Cabildo para la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote se incluía que todas las desaladoras privadas de la isla pasasen a ser gestionadas por su empresa.

En el juicio ha salido a relucir el papel del abogado Ignacio Calatayud, amigo personal del expresidente del Cabildo y que participó en el proceso de la incautación llegando a trabajar simultáneamente tanto para el Cabildo como para Canal Gestión.

El exgerente de Canal Gestión ha reconocido que sabía que Calatayud estaba trabajando para el Cabildo al mostrarle la abogada de la acusación popular facturas que lo demostraban.

En la actualidad, la desaladora se encuentra en poder de Club Lanzarote, después de que una sentencia judicial ordenase su restitución a sus propietarios.

Además, el Cabildo y Club Lanzarote firmaron un convenio para poner fin al pleito judicial, lo que llevó a la empresa a retirarse de la acusación particular en este caso. EFE