EFE

Santa Cruz De Tenerife

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo persigue la devolución de los cuatro millones que costaron las mascarillas que nunca se recibieron al inicio de la pandemia, lo que ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investigue al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Blas Trujillo, que ha comparecido a petición propia para hablar en comisión parlamentaria de la investigación que realiza la Fiscalía tanto a la empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por presunta estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado.

El consejero, en su intervención, ha insistido en que el Gobierno trata de recuperar estos cuatro millones de euros, que ahora con los intereses han aumentado hasta los 4.800.000, pues, ha remarcado "no puede quedar en situación de impunidad".

La Fiscalía trata de esclarecer si la Administración no verificó si la empresa RR7 United cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma, ya que no estaba vinculado al sector sanitario, y por qué no puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido con ese contrato para la compra de un millón de mascarillas.

Trujillo ha insistido en que la Fiscalía cuenta con "la máxima colaboración de la Consejería" y ha criticado al denunciante de este caso por "disparar a todo lo que se mueva"-

En concreto, el denunciante puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía y el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades detectadas en un total de 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, para la adquisición de material sanitario para la lucha contra el covid-19 por valor total de 32 millones de euros.

Según el consejero de Sanidad, "no hay ni un solo momento donde la administración no haya actuado para que se suministraran las mascarillas" o para notificar, hasta en diez ocasiones, a los incumplidores el embargo.

Ha aclarado que este contrato de las mascarillas ha sido el único que ha tenido una incidencia, el resto se han ejecutado de forma correcta, por lo que ha pedido a la oposición que no utilice este caso "para lograr una caza mayor" porque, ha continuado, "no van a cazar".

El consejero ha relatado todo lo sucedido y ha enmarcado esta contratación en un momento en el que había "escasez total" de mascarillas en España y Canarias competía con el resto del mundo para conseguir este tipo de bienes escasos y necesarios.

Se trataban de mascarillas ffp3 para personal sanitario, ha precisado Trujillo, quien ha indicado que al inicio de la pandemia, cuando se contrató este material, el stock de la comunidad estaba por debajo de las 6 semanas, cuando el Ministerio había establecido 8 e, incluso, algunos días bajó a 1,23 semanas.

"Había una absoluta necesidad de provisión de mascarillas para personal sanitario", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que la empresa RR7 United SL las vendía por cuatro millones cuando otras firmas pedían hasta 7,5 millones.

A su juicio, el precio era adecuado y el modelo de mascarilla era "top", por lo que se decidió el contrato del suministro el 25 mayo y en agosto se pagó el 5o% y el octubre el resto, aunque Sanidad nunca recibió este material sanitario.

Ante el retraso, Sanidad realizó notificaciones a la empresa para que procediera al suministro y el 15 de enero recibió una carta del intermediario en la que aseguraba que no iba a poder realizar el suministro en las condiciones pactadas.

Por ello, ha continuado, se inició el expediente de resolución del contrato ante lo que la empresa dijo que había llegado las mascarillas a Gran Canaria pero aduanas las había destruido al alegar que no estaban homologadas y sin que Sanidad lo pudiera comprobar.

En este contexto, se resuelve el contrato y se pide la devolución de los cuatro millones de euros más intereses y la empresa responde que tiene un producto del mismo nivel y que lo podían servir en tiempo récord.

Sin embargo, después de una semana de espera vuelve a incumplir y, según el Gobierno, desde entonces, se han producido diez intentos de embargo por parte de la Agencia Tributaria los cuales han sido infructuosos.

El diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez ha criticado que el Gobierno haya pagado la totalidad de la cuantía de las mascarillas antes de recibirlas y que no le pidiera un aval a la empresa que, a su juicio, era sospechosa porque se dedicaba a automóviles.

El parlamentario ha reprochado al consejero que haya comparecido de forma precipitada "arrastrado por las circunstancias", pues los diputados se enteraron de la investigación de la Fiscalía por un trabajo periodístico y no por la administración.

"Lo pinte como lo pinte esto tiene muy mala pinta", ha manifestado el diputado de CC, quien ha recordado que esta situación se produjo cuando Julio Pérez asumió la dirección de la Consejería de Sanidad tras el cese de Teresa Cruz.

Asimismo, ha avanzado que si el consejero no da las explicaciones oportunas, CC va a exigir que se tomen medidas jurídicas y políticas al respecto.

El diputado del PP Fernando Enseñat le ha preguntado al consejero por qué un año y medio después no están ni las mascarillas ni los 4 millones de euros y quién certificó la solvencia de la empresa de mascarillas.

Enseñat ha admitido que no entiende por qué se esperó a pagar la otra mitad cuando se recibieron las mascarillas y ha dicho que le chirría y le parece muy grave este hecho que ha acabado en una investigación por parte de la Fiscalía.

El diputado, que ha acusado a Trujillo de proteger al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con su intervención antes de que Torres vaya al pleno del Parlamento, ha comentado que el caso de las mascarillas le recuerda al caso Tindaya, donde también desapareció el dinero publico y no se hizo el monumento.

La diputada de Nueva Canarias Esther González ha lamentado que se haya creado "un revuelo fuera de toda lógica", porque en Canarias "no hay ni primos ni hermanos como en Madrid".

González ha destacado que el Servicio Canario de la Salud tomó la decisión acertada para tratar de proteger al personal sanitario y ha defendido que el Gobierno, en vez de presentar una denuncia en los juzgados por estafa, tratara de recuperar los 4 millones de euros que dio a la empresa por las mascarillas.

La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha tachado a la empresa de "sinvergüenza" y de llevar a cabo un fraude aprovechándose del miedo que había entre la población durante la pandemia, cuando no había suficientes mascarillas ni respiradores.

"La gente que estafa 4 millones no se puede ir de rositas", ha aseverado la diputada, quien ha pedido la depuración de responsabilidades de forma inmediata, pues se trata de dinero público.

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha señalado que en las próximas semanas la justicia determinará si se cumplió con la legalidad en todo el procedimiento y los responsables tendrán que responder por una supuesta estafa a la administración.

Ramos ha valorado que el consejero haya hecho con su intervención un ejercicio de transparencia del gobierno porque "no oculta nada", al tiempo que ha dicho que está convencido de que no se verá intencionalidad delictiva por parte de la administración.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino ha opinado que "uno de los mayores errores de la gestión de la pandemia" fue que el Gobierno de España cediera a las comunidades y ayuntamientos la compra de material sanitario, lo que se convirtió en un "sálvese quien pueda".

Espino ha exigido transparencia al Gobierno de España, si bien ha dicho que confía en el buen hacer del personal de la Consejería de Sanidad.

El diputado del PSOE Marcos Hernández ha justificado la compra de las mascarillas en un momento en el que había escasez y el mercado estaba "fuertemente tensionado" y ha señalado que la administración puso todos los medios para resolver un contrato que no cumplió con las expectativas. EFE

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