EFESanta Cruz de Tenerife

El Grupo de Defensa de los Derechos Sociales en Canarias ha presentado una queja ante la Diputación del Común en la que reclama volver a participar en la elaboración del catálogo de servicios y prestaciones de la ley de Servicios Sociales.

El grupo está formado por los colegios de Trabajo Social, de Educación Social y de Psicología de las dos provincias, así como por las asociaciones Cermi, Acufade y Coordinadora de Acción Social de Canarias.

Tras la presentación de la queja, el diputado del común, Rafael Yanes, ha recordado que la institución no puede integrarse en este grupo pero su esencia es la defensa de los derechos sociales, por lo que es su aliado en la reivindicación ante la administración pública para que cumpla con la legislación en favor de las personas más débiles.

La presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, Emma Colao, ha elogiado la labor hecha por Rafael Yanes en defensa de los servicios sociales, y ha explicado que este grupo se ha constituido porque el catálogo de prestaciones no responde ni a las necesidades de la sociedad ni a la ley de servicios sociales.

Candelaria Delgado, presidenta del colegio oficial de Trabajo Social en Santa Cruz de Tenerife, ha comentado que en el proyecto de catálogo se contradice la ley de cabildos y ayuntamientos, ya que se les quitan competencias que ejercen desde hace veinte años, y ha agregado que en el texto no se refleja la realidad pero tampoco lo que deben ser los servicios sociales del futuro.

Ha manifestado asimismo que el catálogo puede ser muy bonito pero será "papel mojado" si carece de dotación económica, y Candelaria Delgado ha señalado que el catálogo no es solo de las administraciones sino también de las asociaciones y entidades de carácter social.

Palabras que ha suscrito la gerente del colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Eva Negrón, quien ha apuntado que tras muchos meses de trabajo y reivindicación se quiere que cuenten con la opinión de los colectivos.

El diputado ha criticado que la administración no cumple con la legislación, y tras reconocer que muchas leyes son muy bonitas ha subrayado que lo importante es que tengan recursos para que sean una realidad ha agregado que la ley de servicios sociales quedará vacía si no hay un catálogo de servicios y prestaciones.

En la queja presentada ante la Diputación del Común se pide que el contenido del proyecto de decreto del catálogo de servicios y prestaciones se facilita a los agentes sociales implicados, y que haya una reunión "lo antes posible" con la Presidencia del Gobierno de Canarias y con la Consejería de Derechos Sociales para reanudar las negociaciones.

Asimismo se pide reanudar las comisiones de trabajo colectivas específicas para cada ámbito prestacional y de servicios, orientadas a la incorporación de propuestas para la redacción de un texto que responda a las necesidades reales a las que se pretende referir el catálogo de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales.

Quieren que el trabajo que resulte de esas reuniones sea vinculante al texto que se proponga, "tal y como se acordó en el seno del Parlamento de Canarias por mayoría" de las fuerzas parlamentarias. EFE