EFELas Palmas de Gran Canaria

El Defensor del Pueblo cuestiona en el último informe anual de su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura las devoluciones a Mauritania de inmigrantes llegados en patera a Canarias y, en particular, las de nacionales de Mali, que pueden vulnerar tratados internacionales, advierte.

En ese documento, entregado este martes al Congreso y el Senado, el Defensor explica que el año pasado comenzó a supervisar los vuelos de repatriación a Mauritania de inmigrantes llegados en patera que ha venido fletando España, bien directamente o bien en colaboración con la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

Desde 2003, España tiene un convenio con Mauritania que le permite devolver a ese país a cualquier inmigrante irregular si se acredita que ha salido de sus costas o que, al menos, ha pasado por su territorio en su ruta a Europa, con independencia de su nacionalidad.

A lo largo de 2019 se hicieron cinco de esos vuelos, que partieron de Madrid e hicieron una escala en Tenerife con destino a Nuadibú, y que, entre otros, trasladaron a 136 personas procedentes de Senegal, Guinea Bissau, Guinea, Gambia, Mali y Costa de Marfil.

La institución estuvo presente en dos de ellos, el 6 de junio y el 19 de septiembre

Sin embargo, este departamento del Defensor del Pueblo advierte de que en los vuelos que supervisó en 2019 "en ninguna de las resoluciones que sustentaban estas repatriaciones se indicaba que el lugar de procedencia de las pateras en las que arribaron las personas repatriadas fuera Mauritania o que hubiesen transitado por este país", ni "tampoco se hacía referencia al citado acuerdo".

El MNPT subraya que ha expresado a la Administración "su preocupación respecto de las condiciones de respeto de los derechos fundamentales en Mauritania y la situación de aquellos países de los que son nacionales los repatriados, a cuyas autoridades son entregados, supuestamente, por parte de Mauritania".

Este asunto ya fue criticado a principios de 2020 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Servicio Jesuita a Migrantes, cuando se conoció que España había fletado nuevos vuelos de expulsión desde Canarias a Mauritania que incluían a malienses.

Esas dos ONG denunciaron que España podía estar vulnerando las directrices fijadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que había recomendado no devolver a los malienses a su país, por el conflicto bélico que persiste en él. Precisaban que, a su juicio, se incumplía esa recomendación de forma indirecta, porque España sabe que Mauritania expulsa a Mali a los malienses que le entrega en sus vuelos de repatriación a Nuadibú.

El Defensor del Pueblo toca este tema directamente en su informe: "Se destaca el caso de los nacionales de Mali", apunta, "muchas de cuyas regiones han sido declaradas zonas de riesgo por ACNUR, por lo que España podría estar vulnerando el principio de no devolución previsto en los tratados internacionales suscritos por el propio país, así como el Reglamento Frontex, al devolver a ciudadanos, aun por vía indirecta, a lugares que impliquen riesgo para su seguridad".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura precisa que ha solicitado al Gobierno "información adicional sobre esta cuestión, que seguirá siendo objeto de seguimiento exhaustivo por parte de esta institución en 2020".

A principios de año, España siguió fletando vuelos de devolución desde Tenerife y Gran Canaria a Mauritania, varios de ellos con malienses a bordo, según recogió esta oficina del Defensor del Pueblo en los informes que emitió sobre cada uno de ellos.

Los vuelos dejaron de realizarse con el cierre de fronteras impuesto por la propagación de la pandemia de la covid-19 y la declaración en España del estado de alarma. EFE