EFELas Palmas de Gran Canaria

El exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias procesado por autorizar ilegalmente una playa artificial en Tauro (Gran Canaria) ha asegurado este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas que veló "por el interés público" y que es víctima "de una encerrona".

En la primera jornada del juicio que se sigue contra él por delitos de prevaricación y falsedad, José María Hernández de León ha defendido su inocencia y ha dicho que procedió "siempre dentro de la legalidad", frente al planteamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, que solicita que sea condenado a tres años y medio de cárcel.

La acusación pública mantiene que Hernández de León autorizó en febrero de 2016 el proyecto de creación de una playa artificial promovida por el grupo turístico Anfi en la costa de Tauro, en el sur de Gran Canaria, sin que sus responsables cumplieran varios requisitos previos que se les habían exigido para iniciar la obra.

El proyecto implicaba cubrir con 70.000 toneladas de arena lo que hasta entonces había sido una playa de cantos rodados y estaba sujeto a unas condiciones establecidas tras negociaciones entre la Administración del Estado y la empresa en una orden ministerial cuyo contenido no se respetó, pero sin que eso impidiera que el entonces jefe de Costas permitiera que comenzaran los trabajos.

Algo que autorizó al firmar un acta de replanteo del proyecto que implicaba que ya se podían poner en marcha las obras, un documento que la Fiscalía sostiene que no debió rubricar porque no se daban las condiciones legalmente exigibles para ello.

El Ministerio Público denuncia que el plano de la zona que se empleó en dicha acta era distinto al que se había presentado en un primer momento para conseguir que se diera luz verde al proyecto, a que faltaban documentos que acreditaran que la empresa era propietaria de unos terrenos que se había comprometido a ceder a cambio de obtener la concesión de la obra y a que, al final, entregó unos solares distintos a los ofrecidos.

José María Hernández de León ha rechazado este miércoles todos esos argumentos, incluso a pesar de que han sido respaldados en la primera jornada de la vista oral de su juicio por un ingeniero que trabajaba a sus órdenes y que, de hecho, denunció su proceder ante sus superiores en Madrid.

El procesado ha alegado ante el tribunal que el origen de lo sucedido, de su destitución y de su posterior enjuiciamiento a raíz de que autorizara la playa artificial, han sido precisamente las actuaciones de ese subordinado, que ha dicho que le intentó perjudicar porque tenía un conflicto laboral con él.

Ya que le había acusado de acoso y en esos momentos se estaba investigando si tenía razón o no, por lo que, según ha expuesto, cuestionó el proyecto a fin de "recopilar más datos" en su contra, según ha mantenido al preguntarle al respecto su abogado defensor.

"En aquel momento no me di cuenta" de sus intenciones, ha apostillado.

Frente a sus palabras, el referido ingeniero ha señalado que puso en conocimiento de sus superiores los actos de Hernández de León porque él era una de las personas que, como técnico de Costas, se había previsto que firmara el acta de replanteo en cuestión pero que se negó a hacerlo por opinar que "no se podía" ante los incumplimientos de la empresa.

Ese parecer, basado en circunstancias como la falta de parte de la documentación a aportar por los promotores y detalles del proyecto como las canalizaciones hacia el saneamiento de quioscos a instalar en la zona, le llevó a dar parte de lo ocurrido al comprobar que, aun tras su negativa, el acta se firmó y las obras comenzaron.

Ello condujo a que el Ministerio de Medio Ambiente enviara a la isla a la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, a pedir explicaciones a Hernández de León y comprobar sobre el terreno el estado de la playa, dando inicio a unas actuaciones que terminaron con la destitución del hasta entonces jefe.

Hernández de León, aun con todo, ha insistido en su inocencia y ha achacado lo que le ha pasado a "una encerrona" urdida entre su subordinado, Josefa Solernou y otros directivos de su departamento, una tesis que la Fiscalía ha rechazado. EFE

cms/jmr

(foto)