EFELas Palmas de Gran Canaria

El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) considera "imperativo acometer una evaluación del conjunto de los servicios sociales" en las islas y, en especial, en la asistencia a quien no puede valerse por sí mismo, porque "lo que está pasando con la dependencia no tiene nombre", según su presidente, José Cristóbal García.

De ello da fe el Informe Anual 2020 del CES, que, conforme a lo que se indica en el propio documento, presentado este lunes por García, "constata que los datos del Sistema de Atención a la Dependencia en Canarias resultan sumamente alarmantes".

Al respecto, ese análisis de la situación económica y social del archipiélago durante el pasado ejercicio destaca que, en materia de dependencia, "de las 54.714 solicitudes recibidas durante 2020, solo se resolvieron 38.655 expedientes, quedando pendientes de respuesta 16.059".

Lo cual -apunta- "implica que Canarias atendió solo un 70,6 % de las solicitudes presentadas, frente al 92,35 % que se obtiene como media nacional, lo que supone que los índices de gestión del archipiélago se sitúan 21,7 puntos por debajo".

Desde el CES se critica, así mismo, que "el tiempo de respuesta a estos expedientes se eterniza en las islas".

Puesto que, "aunque en la norma se establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo de 180 días, en el caso de Canarias la Administración tarda una media de tres años en responder, esto es 923 días, lo que supone, además, más del doble de la media nacional, que se sitúa en los 432 días", precisa su informe.

A la vista de esos datos, José Cristóbal García ha afirmado que "los números cantan" y ponen de manifiesto que, aunque las deficiencias en la atención a la dependencia en las islas "viene de legislaturas anteriores también", en la presente "no se está mejorando, incluso se está empeorando".

Frente a ello, el CES sostiene que "resulta esencial apostar por una gestión más eficiente de los recursos" públicos destinados a esa materia, lo cual, según ha querido aclarar su presidente, "no significa que se esté diciendo que aquí se contrate a más personas" para ese servicio, al entender desde el consejo que "esa no es la solución, o no es solo la solución".

En lugar de ello, el informe aboga por adoptar "medidas de mejora en los procesos de gestión y optimización de la distribución y el uso de los medios humanos, materiales y económicos de los que se dispone".

Iniciativas que deben ir encaminadas a "evitar escollos que no permiten que las ayudas lleguen a quienes las necesitan", buscando, entre otras cosas, una racionalización del sistema.

Se sabe de casos en que hay personas a las que las citan por segunda vez para revisiones que ya se les han hecho largo tiempo atrás o les envían sus expedientes desde su isla de residencia a otra, motivando en ocasiones que el procedimiento tenga que volver a iniciarse desde cero.

Con lo cual, y debido a que los solicitantes suelen ser ciudadanos de avanzada edad y con condiciones precarias de salud, el sistema queda sin efecto, en la medida en que, en no pocas ocasiones, "la gente se muere sin que llegue a resolverse su expediente", ha criticado José Cristóbal García. EFE

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