EFELas Palmas De Gran Canaria

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ve "manejable" la partida anual de 120 millones que, según Derechos Sociales, hará falta para sufragar la Renta de Ciudadanía de Canarias, que percibirán 20.000 familias, a razón de 950 euros al mes de promedio, desde diciembre de este año o enero de 2023.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera Noemí Santana en un foro monográfico organizado por "Canarias 7" sobre esta ley, que tramita el Parlamento regional desde el pasado 27 de abril, donde, junto a la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y el director general del área, Javier Bermúdez, ha subrayado que este derecho subjetivo de ciudadanía, que emana del Estatuto de Autonomía y sustituirá a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), incluye estímulos al empleo y supone "un colchón social para no dejar a nadie abandonado".

"Con esto va a poder comer la gente" empobrecida de Canarias, esto es, parte de las 333.000 personas que sufren vulnerabilidad severa, que representan el 17 % de las 773.000 que se encuentran en exclusión social, el 35 % de la población del archipiélago, pero "no es una paguita para dejar de trabajar", frente a lo que opinan "ciertos agoreros", han aseverado.

Santana ha recalcado que al inicio de la legislatura, los perceptores de la PCI eran unas 5.500 personas, a las que el sistema "expulsaba" a los 24 meses de haber empezado a cobrar esta ayuda, tal y como ha apostillado Bermúdez.

En la actualidad, los beneficiarios de la PCI son 10.800 personas que "no tendrán que hacer nada" para empezar a cobrar la Renta de Ciudadanía de Canarias, que llegará a otras 29.200 más y será compatible con las pensiones no contributivas, que llegan a un máximo de 398 euros y perciben 50.000 residentes en las islas, el 60 % de ellos mujeres, las ayudas por discapacidad y también con las rentas del trabajo, si bien en este último caso la prestación puede ir reduciéndose, siempre que el proceso de acompañamiento a la inclusión social de su perceptor lo determine.

Sobre esta casuística, Javier Bermúdez ha incidido en que los beneficiarios de la Renta de Ciudadanía de Canarias serán personas con baja cualificación profesional que acceden, por tanto, a empleos precarios, de ahí que la nueva prestación no vaya a "quitarse" de manera automática cuando encuentren un trabajo, sino que se hará un seguimiento a la situación de cada perceptor para ver cómo evoluciona pasados seis o doce meses.

La futura Renta de Ciudadanía de Canarias incorporará "complementos" dirigidos a ayudar a pagar el alquiler de la vivienda habitual o a sufragar los estudios a niños de familias empobrecidas.

Para una familia tipo formada por dos adultos con dos hijos, la cuantía de la renta de ciudadanía de Canarias, que se actualizará cada año en función de la evolución del IPC, será de 950 euros, es decir, 160 euros más que los 734 que se otorgan con la PCI.

Santana ha recalcado que la futura ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, frente a la que no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad y que podrá recibir enmiendas parciales hasta el próximo 12 de julio, "garantizará los mínimos exigibles para poder tener una vida digna".

Las viceconsejera Gemma Martínez ha subrayado que "la inversión" que el Gobierno de Canarias hará en esta nueva prestación, "que no es deslocalizable, sino que revertirá directamente en la sociedad" isleña, junto con otras medidas sociales aprobadas durante esta legislatura por el Ejecutivo regional, como las ayudas de emergencia ante los estragos causados por la covid-19, o a nivel nacional, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral o el Ingreso Mínimo Vital, contribuirán en su conjunto a paliar la desigualdad estructural que hay en el archipiélago. EFE

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