El psicoterapeuta Alberto Rodríguez considera que el sistema de acogimiento familiar en Canarias ha mejorado pero necesita simplificar el "terrible" proceso administrativo y dar ayudas íntegras a las familias de acogida, pues a la Administración le sale "muy barato" que sean ellas las que afronten los gastos en solitario.

Alberto Rodríguez es el director del programa de acogimiento familiar especializado de Guipúzcoa y psicólogo especialista en acogimiento familiar y adopción, y se ha referido a estas cuestiones en la comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias en el Parlamento autonómico.

Rodríguez ha puntualizado que en este ámbito lo más relevante es "cómo se repara el daño" que ha sufrido un menor pero, ha explicado, se produce el error común de que se emplea más tiempo en analizarlo que no en poner las medidas para la intervención que sea precisa.

Estas medidas son determinantes para proporcionar estabilidad emocional al menor durante el proceso de acogimiento familiar y lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene derecho a recibir visitas de su familia biológica y segundo, que quien debe reparar los daños producidos "es quien los ha hecho".

En tercer lugar hay que explicar la historia de vida del niño, de la que normalmente la familia de acogida no tiene ni idea y por lo tanto, corresponde también a los padres biológicos.

Todo ello implica, ha profundizado el especialista, en que es muy cuestionable el papel que actualmente corresponde a la familia biológica en este proceso donde además a veces "hay tanta gente interviniendo que no interviene nadie".

Para que el acogimiento familiar funcione debe estar organizado pero el procedimiento administrativo es terrible y el paso del menor por las distintas comisiones "se eterniza", algo que se puede y se debe simplificar, ha advertido Rodríguez.

"Tengo la sensación de que no nos faltan equipos técnicos, sino que tenemos demasiados, están mal coordinados y estructurados y se repiten las actuaciones: uno trabaja las visitas, otro hace el seguimiento de las familias de acogida, luego está el psicoterapeuta... Podemos trabajar de manera más integral", ha recomendado.

Hay que reducir la burocracia porque los técnicos dedican mucho tiempo a coordinarse y poco a estar con la gente y aunque año tras año suben los presupuestos en este ámbito, sin embargo, el sistema de acogida no mejora. Al contrario, pierde, ha advertido.

Ello a pesar de que en Canarias hay familias "potentes" para involucrarse en este sistema, y sería necesario hacer campañas continuadas a lo largo de los años, ha considerado el psicólogo.

En su opinión, en la futura ley que regule esta cuestión debe explicitarse además el derecho de la familia de acogida "a opinar" al tiempo que se fomenta la participación de la biológica que, a veces en la práctica se tiende "a evitar".

Es igualmente muy importante que se concedan ayudas que cubran totalmente los gastos de las familias de acogida, que afrontan en solitario el proceso y en el caso del País Vasco se habla de compensación económica por su esfuerzo, no de remuneración.

En cuanto al acogimiento de menores de 8 a 14 años, a los que por desgracia se considera mayores o con excesivos problemas, el especialista aconseja que se busquen familias de acogida "con especialización" para reparar daños graves psicológicos.

También se ha referido Alberto Rodríguez al acogimiento familiar de menores extranjeros no acompañados, en donde en Europa se han intentando experiencias como la acogida de lunes a viernes, mientras el menor estudia, y voluntariamente los fines de semana, y en su opinión hay que inventar nuevas fórmulas.

Asimismo ha indicado que cuando la Administración no puede cumplir sus plazos, en referencia a que el acogimiento familiar de urgencia debe durar entre seis meses y un año, entonces debe flexibilizar sus criterios si no puede garantizar el paso a una adopción, pues la prioridad es que el niño continúe en esa casa de acogida.

Asimismo ha aconsejado que en la ley autonómica haya un plan detallado que vaya más allá de las generalidades de que se busca la estabilidad del menor, y ha considerado "obligatorio" que se defina que la trabajadora social de referencia debe ser la del Ayuntamiento aunque el caso del menor en cuestión pase a la Dirección General correspondiente. EFE