EFESanta Cruz de Tenerife

La renta ciudadana que proyecta el Gobierno de Canarias para aquellas familias que superen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital del Estado igualará las prestaciones de este, será más generosa que la vigente Prestación Canaria de Inserción (PCI) y tendrá un complemento para alquiler de vivienda.

También se reforzarán los ingresos de los hogares con menores a cargo, sobre todo en los que hay un solo adulto, que suele ser mujer, y los perceptores no se verán obligados cada seis meses a demostrar que siguen en situación de exclusión para mantener la renta ciudadana, sino que será la administración la responsable de comprobar que la situación se mantiene.

Estas son algunas de las ideas que ha adelantado sobre la futura renta canaria de ciudadanía el director general de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Bermúdez Díaz, quien ha comparecido en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la situación de la infancia y la adolescencia.

La renta ciudadana, prevista en el Estatuto de Autonomía de Canarias como un derecho subjetivo, establecerá un umbral de acceso más amplio que el del Ingreso Mínimo Vital del Estado, precisamente porque se destinará a las familias o personas en exclusión que no cualifiquen para la ayuda estatal.

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital está entre 469 y 1.033 euros, según la situación y número de miembros de los hogares, y la renta ciudadana canaria será como mínimo equivalente, no va a ser "una renta devaluada" con respecto a la ayuda estatal, dijo el director general.

Además, la idea de la Consejería de Derechos Sociales es complementarla con una ayuda a la vivienda cuando sea necesario, porque el ingreso no es suficiente para pagar un alquiler y sin una casa una familia no pude "construir un proyecto de vida" para los niños.

Francisco Javier Bermúdez Díaz explicó que la idea inicial es que ese complemento de vivienda se desarrolle reglamentariamente después de aprobada la renta ciudadana, pero invitó a los grupos políticos a acelerar esos planes en el trámite parlamentario y consensuar que esa ayuda adicional se apruebe simultáneamente.

Otro de los puntos en los que incidió el director general es en la necesidad de simplificar todos los trámites para que las familias necesitadas empiecen a percibir la renta ciudadana cuanto antes, tan pronto como lo soliciten y se compruebe su situación de vulnerabilidad.

Actualmente, para tramitar la prestación canaria de inserción las familias deben esperar a que los ayuntamientos concluyan el plan de intervención social que acompañe a la ayuda.

En el futuro, la prestación económica se tramitará directamente por la Comunidad Autónoma para que los ingresos económicos se perciban cuanto antes, sin esperar a la conclusión del plan de intervención social, que será posterior.

Ese plan de intervención social se plantea como un derecho de las personas al acompañamiento y a la inclusión, pero lo primero es "resolver la ayuda económica", dijo el director general de Derechos Sociales.

Francisco Javier Bermúdez defendió que la lucha contra la pobreza infantil es una cuestión de derechos humanos y remarcó que el objetivo de las políticas públicas debe ser "romper el círculo vicioso de la pobreza" por el que los niños que nacen en hogares pobres tienen muchas posibilidades de seguir siendo pobres.

La igualación de oportunidades de estos niños y niñas pasa por la extensión del estado de bienestar, que debe incluir un sistema de rentas mínimas, de garantía de ingresos para las familias mas vulnerables.

Esa preocupación por la pobreza infantil es lo que ha llevado desde la legislatura pasada, en tanto se implanta la renta de ciudadanía, a "repensar" la Prestación Canaria de Inserción, que nació con duración limitada, escasa cobertura y dificultades burocráticas para su acceso.

Las condiciones de la PCI se han ido modificando y flexibilizando, se incluyó en la Ley de Servicios Sociales, y seguirá hasta la implantación de la renta ciudadana, que será "un nuevo derecho subjetivo para ayudar a combatir la pobreza y la exclusión social".

También se ha adaptado la PCI al ingreso mínimo vital del Estado, para que sean compatibles, dijo el director general, quien señaló que el 57 por ciento de las familias que perciben la prestación canaria de inserción tienen menores a su cargo. EFE

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