EFESanta Cruz de Tenerife

Antiguos empleados de establecimientos de ocio de La Laguna cuya propiedad la fiscalía atribuye al empresario y abogado Evaristo González han declarado en el juicio del caso Corredor que no lo conocían y que supieron después de dejar el trabajo que su empleador no había cotizado por ellos a la Seguridad Social.

Evaristo González, para quien la acusación pide 44 años de prisión por fraude a la Seguridad Social de más de 1,6 millones de euros, es el principal acusado en esta pieza del caso Corredor, en la que se sientan en el banquillo otras trece personas, supuestamente testaferros del empresario, para los que se piden penas de entre dos y ocho años de cárcel.

En la sexta sesión del juicio, como en las tres anteriores, han continuado compareciendo como testigos inspectores de Trabajo que a partir de 2008 levantaron actas de infracción contra establecimientos de ocio de La Laguna por emplear trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

También han sido citados como testigos tres antiguos empleados de tascas o discotecas propiedad de diversas sociedades limitadas detrás de las cuales, según la acusación, estaba Evaristo González.

Aunque ninguno de ellos dijo haberlo visto al frente del negocio o conocerlo, en algunos casos escucharon rumores de que era el auténtico propietario.

Una de las antiguas empleadas, que trabajó en la Tasca Lagunera a media jornada entre noviembre de 2011 y junio de 2012, declaró que en mayo de este último año pidió la baja voluntaria porque había encontrado un empleo a tiempo completo.

Pero se encontró con que la empresa que la empleó, administrada desde un despacho de abogados, le negó cualquier tipo de documentación para tramitar su baja.

Finalmente, la Seguridad Social le dio la baja de oficio y su sindicato, Comisiones Obreras, denunció a la empresa, que no compareció en el acto de conciliación, por lo que finalmente cobró su última nómina a través del Fondo de Garantía Salarial dos años después.

Esta empleada declaró que solo vio una vez a Evaristo González en la Tasca Lagunera, y sus compañeros comentaban que "ese señor era el jefe".

A preguntas de Evaristo González, que como letrado ejerce su propia defensa, la exempleada admitió que a ella le dijeron que era el dueño, pero en realidad nunca le vio desarrollando funciones de propietario ni dirigiendo la Tasca Lagunera.

También señaló que cuando acudió al despacho de abogados a reclamar sus papeles entendió que era una asesoría, no la sede de la empresa.

Otro antiguo empleado, que trabajó en el pub Kapitel y en la discoteca Palco, en los dos casos contratado por la misma empresa, dijo que él asumía que eran propiedad de Carlos Machín, aunque "escuchó" que en realidad este era solo "un encargado" y que el propietario real era Evaristo González.

Carlos Machín, que estaba imputado en esta causa, fue asesinado por presuntos sicarios en 2018, y la Policía atribuye la autoría intelectual del crimen a Evaristo González, quien desde el año pasado está en prisión provisional por ello.

Este empleado, que cobraba en efectivo, declaró que no recuerda si le dieron de alta en la Seguridad Social ni si le mostraron alguna vez alguna nómina, pero en una época posterior en que pasaba por "una mala racha" descubrió que no tenía derecho al seguro de desempleo porque solamente había cotizado cuatro meses a la Seguridad Social pese a que llevaba trabajando desde los 14 años.

A preguntas de Evaristo González, declaró no conocerlo y que la atribución a él de la propiedad estas empresas partía de rumores de cuya veracidad no tiene constancia.

El tercer exempleado que declaró, quien trabajó en la discoteca Palco, dijo que lleva nueve meses de baja psiquiátrica, aseguró que no conocía a Evaristo González sino por los periódicos y explicó a la fiscal que no recordaba si estaba dado de alta en la Seguridad Social, ni el tipo de contrato ni las condiciones, salvo que cobraba en efectivo.

Tampoco recordaba el motivo de su despido, aunque sí que no pudo reclamar nada ni cobrar un finiquito.

Señaló que toda su relación laboral se canalizó a través de Juan Carlos Alonso, uno de los encausados que se sienta en el banquillo. EFE

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