EFEValladolid

El Procurador del Común y Comisionado de la Transparencia, Tomás Quintana, ha propuesto este viernes establecer una reforma legislativa que permita la "imposición de multas coercitivas" como medio dirigido a garantizar la ejecución forzosa de sus resoluciones.

Así lo ha expuesto el Procurador del Común y Comisionado de Transparencia ante la comisión parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes, en la que ha presentado la Memoria Anual de transparencia en el ámbito público de Castilla y León del año 2019.

Como ha argumentado Quintana, la legislación de unas sanciones coercitivas supondría terminar con la "contradicción" que supone que las resoluciones de la Comisión sean ejecutivas, y que, en cambio, no se puedan hacer cumplir, debido a lo que ha denominado una "laguna legislativa".

Precisamente, en esta Memoria Anual se especifica que a fecha de 20 de julio de 2020, "no se habían cumplido aún el 28 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2019, así como una quinta parte de las adoptadas en 2018.

Por otro lado, el Procurador del Común y Comisionado de la Transparencia ha reprendido a las Administraciones públicas de Castilla y León por el "silencio" que aún dan muchas veces por respuesta a las peticiones de información realizadas por los ciudadanos, que suponen el 71 por ciento de las quejas recibidas por esta Comisión.

En cuanto al ejercicio del derecho a la información, Quintana ha explicado que en 2019 el número de reclamaciones ha vuelto a aumentar, dado que frente a las 314 presentadas en 2018, en 2019 han sido 325.

No obstante, el ritmo de crecimiento se ha "contenido" respecto a lo ocurrido en años anteriores, algo "lógico" teniendo en cuenta que en los tres años precedentes se triplicó el número de reclamaciones recibidas.

A pesar de ello, en los dos primeros meses y medio de 2020, es decir, hasta la declaración del estado de alarma, se presentaron 107 reclamaciones, ritmo que, "de haberse mantenido durante todo el año, hubiera dado lugar a la formulación de más de 500 reclamaciones".

Sin embargo, la presentación de reclamaciones se ralentizó durante el estado de alarma, dado que mientras estuvo vigente se recibieron solo 39; aunque una vez levantado, nuevamente ha repuntado el número de reclamaciones presentadas, contabilizándose desde entonces hasta hoy 90, lo que hace un total de 240 reclamaciones recibidas en lo que llevamos de 2020.

Como sujetos afectados por las reclamaciones, continúan siendo las entidades integrantes de la Administración local frente a las que se han presentado un mayor número de ellas, concretamente un 69 por ciento, 6 puntos porcentuales más que en 2018.

En cambio, un 23 por ciento de las reclamaciones se interpusieron frente a la actuación de la Administración General de la Comunidad, es decir, 3 puntos menos que en 2018 y un 4 por ciento de las recibidas se dirigieron frente a alguna de las cuatro universidades públicas.

En cuanto a estas quejas, Quintana ha destacado la disminución de las reclamaciones presentadas frente a colegios profesionales, al haber pasado del 7 por ciento en 2018 al 1 por ciento en 2019.

Finalmente, aunque la crisis de la covid será objeto de análisis en la memoria de 2020, Quintana ha reconocido que el Comisionado de Transparencia "no podía mantenerse al margen" de esta "realidad tan atroz" que ha supuesto la pandemia. De ahí que en la memoria de 2019 quedan reflejadas las dos actuaciones de oficio que hizo esta institución, con la petición de información a las administraciones para saber "qué estaban haciendo" en esos momentos "tan cruciales".

MEJORA CUANTITATIVA, DÉFITIC CUALITATIVO

En relación a la información pública abierta a todos los ciudadanos, Quintana ha reconocido que las Administraciones han hecho un esfuerzo en el cumplimiento de la ley a nivel cuantitativo, aunque aún existe un "claro déficit" cualitativo, tales como "la claridad, el acceso fácil, la reutilización o la accesibilidad para las personas con discapacidad" de esta información pública.

En este sentido, Quintana ha expuesto la "dualidad" existente en la Comunidad en la publicación de estos datos abiertos, sustanciada entre la Administración autonómica, las diputaciones provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes, que cumplen con la legalidad vigente, y, por otro lado, las entidades locales más pequeñas, en las que existe claras "deficiencias" en la publicación de estos datos.

En este sentido, los portavoces de los grupos Socialista y Popular en esta comisión, Virginia Barcones y Jesús Ángel Peregrina, respectivamente, han justificado estas deficiencias en la publicación de información pública de los pequeños ayuntamientos en las muchas carencias, especialmente de personal y presupuesto, que tienen estas entidades.

Por ello, la socialista ha expuesto la necesidad de establecer una "simplificación" normativa para las entidades menores en la futura nueva Ley de Transparencia, ahora anteproyecto, que deberá estar redactada con "sentido común" y atendiendo a las "realidades" de estos pequeños municipios. "Menos aplausos y más medios", ha resumido la socialista las conclusiones de esta Memoria Anual.

Por parte de los grupos Popular y Ciudadanos, sus portavoces han agradecido el trabajo realizado por el Comisionado de la Transparencia en su informe anual y han destacado el reconocimiento que en este se hace al portar de datos abiertos y de transparencia de la Junta de Castilla y León. EFE