EFEValladolid

Los cinco acusados por su supuesta implicación en una trama de pago de favores declararán en último lugar, después de testigos y peritos, según ha decidido este jueves la jueza de Penal 1 de Valladolid, tras las peticiones de parte de las defensas.

El inicio de la vista oral estaba programado para esta jornada, en la que se ha abierto con la exposición de las cuestiones previas por parte de los cuatro letrados de la defensa, el fiscal y las dos acusaciones populares.

Parte de los letrados han reclamado la nulidad de las actuaciones y han pedido que se alterara el orden en la declaración de los encausados.

Algunos de los defensores han solicitado que la juez tuviera en cuenta al vulneración del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones y de la tutela judicial efectiva, además de hacer constar que las grabaciones transcritas en la causa corresponden a fechas anteriores a la incoación del procedimiento.

También uno de los abogados ha solicitado el sobreseimiento del asunto al considerar que las grabaciones que se efectuaron llegaron de forma "ilícita" al procedimiento, y ha apelado a la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza ha optado porque los cinco acusados declaren durante la última sesión de la vista, de manera que mañana viernes comenzará el juicio con la comparecencia de testigos y peritos y, previsiblemente, será necesario señalar un día más de los tres previstos hasta ahora para la vista oral.

El artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido la base sobre la que la jueza ha asentado su decisión de que los procesados declaren el último día del juicio.

Un guardia civil de 53 años y varios empresarios son los procesados por su supuesta implicación en una trama de pago de favores.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el agente, en funciones propias de su cargo, disponía de autorización para acceder, entre otras opciones, a una base de datos en la que podía obtener información sobre titularidad de vehículos, permisos de conducción, domicilios y antecedentes policiales, junto a otros aspectos.

La Fiscalía considera que supuestamente el guardia civil se ofrecía a intervenir en el logro de conformidades en juicios rápidos por delitos contra la seguridad vial, eliminar o modificar antecedentes penales de algunas personas y sanciones derivadas de infracciones de tráfico, para obtener alguna ventaja, en especie -invitaciones a comidas- o en metálico.

El Ministerio Público reclama para el agente nueve meses de prisión, el pago de una multa de 10.800 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y medio en total, por delitos de violación de secretos y tráfico de influencias.

Para uno de los otros cuatro encausados, Jesús R.R., la Fiscalía pide ocho meses de multa con cuota diaria de diez euros por inductor de un delito de violación de secretos, mientras para cada uno de los otros tres procesados solicita cuatro meses de prisión como cooperadores necesarios.

Las defensas piden la libre absolución. EFE