EFEValladolid

Los empleados públicos de la Sanidad de Castilla y León han vuelto a concentrar este martes para urgir a la Junta a que cumpla ya el acuerdo para volver a las 35 horas, que se quiere aplazar hasta enero del 2021, amparándose en problemas de financiación, y mantienen la convocatoria de huelga general para el 6 de noviembre.

Así lo han advertido este martes, durante la concentración que han realizado los trabajadores del Sacyl a las puertas del Hospital Río Hortega de Valladolid, representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIF, quienes han avanzado que, si el Gobierno Autonómico mantiene su postura de no cumplir con las 35 horas seguirán el calendario de movilizaciones previsto para reclamarlo.

Además de esta movilización, está previsto un paro de todos los funcionarios de dos horas y media el próximo 25 de octubre, al final de cada turno de trabajo, tal y como ha indicado la secretaria general de la sección de UGT del Río Hortega, Marisa García, en declaraciones a Efe.

En el caso de que "sigan aplazando lo inaplazable", se prevé una huelga general el 6 de noviembre de los trabajadores públicos del Sacyl, junto al resto de trabajadores, ya que consideran que "no se puede permitir que los acuerdos ya firmados se conviertan en papel mojado por el nuevo gobierno de la comunidad", ha añadido.

En la concentración se ha leído un comunicado en el que exigen la instauración de las 35 horas semanales, que tuvieron hasta 2012 y se aumentaron a 37,5 por la crisis, y se pide a la Junta que "no se escude en problemas de financiación, en la falta de profesionales o en una peor calidad en la atención al paciente".

Precisamente, este aspecto, ha sido destacado por la coordinadora provincial de Sanidad de CCOO, Ana Rosa Cerrón, quien ha asegurado que "es, precisamente, el desgaste físico y mental de los empleados del Sacyl lo que influye negativamente en la calidad en la atención a los pacientes, no en reducir la jornada a 35 horas".

De hecho, tal y como han leído en el comunicado, "la jornada de 35 horas generará empleo, con la consiguiente aportación a las arcas públicas, el asentamiento de población, la conciliación de la vida familiar y laboral y la mejora en la calidad de los servicios".

Los tres sindicatos reclaman "responsabilidad" al Gobierno autonómico, "cumpliendo con el acuerdo firmado" y, por ello, piden "una fecha concreta para su definitiva aplicación" para posteriormente ponerse a su disposición de cara a negociar el contenido de la normativa necesaria y los calendarios laborales. EFE