EFEValladolid

La Consejería de Empleo e Industria ha resuelto la línea de ayudas confinanciada por el fondo social europeo que subvencionará con algo más de 5,1 millones la contratación por parte de 950 municipios de la Comunidad de 1.149 desempleados con una discapacidad de al menos el 33 por ciento.

Según ha detallado la Consejería en un comunicado, las ayudas que recibirán estas 950 entidades locales van destinadas a cubrir parte de los costes salariales y de seguridad social de los trabajadores contratados, siendo subvencionables los contratos formalizados entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León aporta 5.510,15 euros por cada contrato de 90 días y a jornada completa; y en los supuestos de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la subvención será proporcional a la duración efectiva de la jornada de trabajo, que deberá ser igual o superior al 50% de la jornada ordinaria.

La convocatoria era de seis millones de euros por lo que no se ha cubierto el total de la misma.

Por provincias, en Ávila hay 145 ayuntamientos beneficiarios, con 188 contratos y una subvención de algo más de 795.000 euros; en Burgos 52 municipios, con 59 contratos y 289.000 euros; en León 181 ayuntamientos con 215 contratos y 994.463 euros; en Palencia 52 municipios, con 57 empleos y 275.000 euros; y en Salamanca 206 municipios, con 258 contrataciones y 1,1 millones.

Completan el reparto los 71 ayuntamientos beneficiarios en Segovia, con 79 contratos y 384.000 euros de subvención; los 35 de Soria con 38 empleos y 192.000 euros; los 91 municipios de Valladolid, con 112 empleos y 492.000 euros, y los 117 ayuntamientos beneficiarios en Zamora, con 143 contrataciones y 630.000 euros.

El objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de trabajadores que por sus circunstancias encuentran más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, al tiempo que se les facilita una experiencia profesional que mejora su empleabilidad.

Y contribuir además a dinamizar la economía de los municipios de la Comunidad contribuyendo a fijar población en el medio rural, puesto que los desempleados contratados realizarán obras y servicios de interés general y social.

Las personas que se contraten al amparo de esta convocatoria deberán ser personas desempleadas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y su actividad debe dirigirse a la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social dentro de las competencias de las entidades beneficiarias.

En la resolución de la convocatoria, de concurrencia competitiva, se han primado proyectos medioambientales relacionados con las energías renovables, biomasa, la eficiencia energética, la gestión y depuración de aguas, la gestión de residuos, el control de la contaminación y la conservación de zonas naturales.

Y se han valorado las obras relacionadas con la mejora de espacios públicos urbanos y áreas recreativas, las actividades relacionadas con las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC), el desarrollo cultural local y la promoción turística.

Y a la hora de valorar las solicitudes, se ha tenido en cuenta: el número de personas desempleadas y el número de personas desempleados con discapacidad inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el ámbito territorial de la entidad; el tipo de entidad solicitante, primándose los municipios de menor población; el área geográfica de la entidad local, dando prioridad a las ubicadas en áreas periféricas o zonas desfavorecidas; así como la integración laboral de personas con discapacidad.

En 2020 resultaron beneficiarias de esta línea de ayudas 955 entidades locales, con un crédito convocado de 5.180.000 euros y fueron contratados más de un millar de trabajadores.EFE

mr