EFEValladolid

La Consejería de Economía y Hacienda ha dictado la orden para elaborar los presupuestos de Castilla y León para el 2021, dirigidos a mitigar la pandemia, con el pacto por la recuperación como eje y especial atención a los servicios sociales básicos, el empleo y la inversión.

En la orden que publica este viernes el Boletín Oficial de la Comunidad, el Bocyl, se recuerda que el pasado 16 de junio se firmó el Pacto de Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León, cuya dotación económica se destinará fundamentalmente a llevar a cabo un plan plurianual de inversiones sociales, a reforzar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y los principales servicios públicos, y a reactivar la economía y el empleo.

Y ello "debe tener su reflejo en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 que serán el instrumento que canalice todos estos recursos extraordinarios destinados a mitigar el impacto de la pandemia en esta Comunidad".

Por ello "se dará atención especial a las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social, y se aportaran importantes recursos para actividades relacionadas con el empleo y la inversión", recoge la orden en su introducción.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública que se establezca para la Comunidad Autónoma, ajustándose al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de Castilla y León.

Y, de acuerdo a la misma orden, la asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá como líneas fundamentales las cinco grandes prioridades que el gobierno de la Junta de Castilla y León priorizó al inicio de esta legislatura.

En concreto para desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural; e impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo.

También para acordar una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos, considerando adecuadamente nuestra extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica.

Y priorizar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de contención del déficit público, y finalmente consolidar una política presupuestaria que mantenga la vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad de mejorar nuestras ventajas comparativas como Comunidad.EFE

mr