EFEValladolid

El Gobierno de Castilla y León, a través de las consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo e Industria, trata de adaptarse sobre la marcha al cese total de la actividad no esencial, así como la moratoria para su aplicación, decretada por el Gobierno de España y publicada anoche en el BOE.

Fuentes de ambos departamentos consultadas por Efe han explicado que los técnicos estudian esta nueva disposición, especialmente qué actividad se considera esencial y cuál no, por lo que aún no han podido evaluar ni el número de empresas afectadas, ni tampoco el volumen de trabajadores y la cifra de negocio condicionada.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha transmitido al del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la necesidad de que se respeten las "peculiaridades industriales" de cada comunidad autónoma a la hora de establecer los ceses de la actividad no esencial.

Los empresarios de Castilla y León, representados en la organización Cecale, han explicado por su parte que la obligación de cierre "no permite a las empresas contar con un tiempo mínimo de reacción para su organización interna", y asegurado que esta medida supondrá "un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial".

Las actividades consideradas no esenciales permanecerán paralizadas desde este lunes y hasta el 9 de abril con el fin de reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones, y tratar de evitar el colapso en las UCI cuando llegue el pico de contagios.

El Gobierno de España permitirá acudir este lunes (30 de marzo) a trabajar a empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido, tengan que realizar tareas necesarias para la interrupción adecuada de la actividad, lo que puede afectar sobre todo algunas industria y la construcción. EFE