EFEValladolid

La reducción del sector público de Castilla y León hasta 2017 ha supuesto un ahorro de 121 millones de euros, en relación con 2010, pasando de 298 a 177 millones de euros, al desempeñar las mismas funciones pero con menos personal y menos aportaciones de la administración autonómica.

Esta es una de las conclusiones que ha expuesto el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, al exponer en la Comisión de Economía y Hacienda el informe de fiscalización del proceso de extinción de entidades del sector público autonómico.

A juicio del presidente el Consejo de Cuentas, el proceso ha dado como resultado un sector público más simplificado que desempeña prácticamente las mismas funciones que tenía antes del inicio de la reestructuración, con menos personal y menos aportaciones de las administraciones.

Según los datos ofrecidos por Amilivia, este proceso ha supuesto la desaparición de 32 entidades, pasando de 88 a 56, a lo que se suma la extinción de la empresa Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León y la de Castilla y León Sociedad Patrimonial, con lo que son 34 los extinguidos.

La primera crítica a este informe ha salido del portavoz del Grupo Mixto y parlamentario de UPL, Luis Mariano Santos, quien ha denunciado que no supone realmente "una eliminación" sino un traspaso del gasto público a otras áreas de la administración autonómica.

En esta crítica ha enmarcado la existencia de un mayor número de altos cargos en la Junta de Castilla y León tras el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Ciudadanos.

Se ha referido expresamente a la Fundación Villalar, de la que ha dicho que en diez años no ha dado muestras de que sea necesaria pero "ahora" cuando está en tela de juicio, se les está buscando "una razón para subsistir", de lo que ha acusado tanto al PP como a Ciudadanos y al PSOE.

La portavoz del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha indicado que el proceso "más bien" se trata de una reordenación no de una reducción, puesto que las competencias se han traspasado de unos entes a otras entidades de la propia administración autonómica.

Ha recordado el cambio de nombre que en pasadas legislaturas sufrió lo que ahora es el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), que antes fue Agencia de Desarrollo (ADE), lo que ha llevado a ironizar a la portavoz socialista y sugerir que se podía haber llamado ACCPP (Agencia de Colocación y Corrupción del Partido Popular).

El portavoz del PP, Salvador Cruz, ha afirmado que en Castilla y León se ha llevado el proceso de reducción del sector público recomendado en 2010, a pesar de que no tenía tanto peso como en otras comunidades autónomas, en referencia principalmente a Cataluña y Andalucía.

Ha alabado "el esfuerzo" de la Junta de Castilla y León y ha asegurado que la administración autonómica solo tiene capacidad de decisión en 16, puesto que en las restantes su participación no llega al 50 por ciento.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, se ha referido al acuerdo de gobierno entre su partido y el PP y que establece una comisión paritaria para reestructurar el sector público autonómico y ha advertido de que en la Fundación Villalar lo que se ha hecho es "abrirla al diálogo". EFE