EFEValladolid

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos la modificación de la Ley autonómica que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía para hacerla compatible con la recepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, aunque el debate parlamentario ha estado cargado de reproches entre los diferentes intervinientes.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido la modificación ante el Pleno de las Cortes y ha criticado que el IMV se haya convertido en un "trampantojo", ya que aunque es una medida "buena", "no lo ha sido su gestión", al generar "desigualdades que hasta el momento no existían".

Blanco ha explicado que, ante los problemas generados su departamento aprobó una subvención directa a 672 familias, por importe de unos 400.000 euros, para que no se vieran perjudicadas por pasar a depender sus ingresos del IMV estatal, pero ha añadido que era necesario dar "estabilidad" a esta compatibilidad y dar una respuesta "más justa" a quienes peor lo están pasando en esta crisis.

La modificación de esta ley pretende, en palabras de la consejera, simplificar la tramitación de estas ayudas públicas, con la vista puesta en que en Castilla y León unas 37.000 personas han solicitado el IMV, pero los beneficiarios son únicamente unos 7.000, con cerca de 5.600 solicitudes denegadas, 9.000 inadmitidas y el resto aún por tramitar, mientras que unas 3.000 eran hasta ahora perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La nueva norma asegura que quienes percibían hasta ahora la RGC no vean disminuidos sus ingresos como consecuencia de la entrada en el sistema del IMV.

En el debate, la procuradora socialista Isabel Gonzalo ha ofrecido el apoyo de su partido a esta modificación "necesaria", aunque ha citado informes de los órganos consultivos de la Comunidad para alertar de la "poca seriedad y consistencia técnica" de la modificación, a la vez que ha considerado que la filosofía de "modelo centrado en las personas" es "pura retórica", por lo que ha pedido para más adelante una adaptación legislativa posterior "más amplia" y que la Consejería publique cada seis meses un informe de evaluación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

"Sí a la modificación, pro dejen los dardos contra el Ingreso Mínimo Vital y no lo definan como un trampantojo", ha resumido la representante de Podemos Laura Domínguez, convencida de que la ayuda estatal está teniendo "problemas de tramitación" y "no está funcionando como debe funcionar", pero se ha mostrado crítica con que a la Junta parece "contenta" con que eso sea así.

AVANZA LA FUTURA TELEASISTENCIA

En la misma sesión plenaria y pese a las discrepancias manifestadas en el debate, los grupos parlamentarios han dado luz verde sin votos en contra a la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP y Cs para eliminar a principios del 2021 el copago del servicio de teleasistencia en Castilla y León, que pasará a financiar exclusivamente la Junta, con un contrato único en toda la Comunidad, como vía para un modelo "avanzado" que combata la soledad y que los mayores sigan en sus casas, aunque el PSOE y Podemos se han abstenido por las "dudas" que les genera.

Han defendido este texto ante el Pleno los procuradores Miguel Ángel García Nieto (PP) y Teresa Gago (Cs), quienes han manifestado que este es un "salto cualitativo", en palabras del primero.

Este servicio benefició a 26.000 personas en el 2019 en la Comunidad, de ellos 14.000 dependientes, que prestan los Ayuntamientos, que aportaron 650.000 euros, el 35 por ciento de lo financiado, mientras que la Junta contribuyó con 1,3 millones, el 65 por ciento, y los usuarios pagaron 1,7 millones.

Con la reforma, la competencia en regulación, planificación y dirección de la teleasistencia pasa a la Junta, que además se hace cargo del total de la financiación del servicio, esos cuatro millones de coste.

Los 23 contratos actuales de teleasistencia -uno por cada ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, más los de las nueve diputaciones- pasarán a uno único, lo que ha generado el rechazo del PSOE y Podemos, que han alertado de la pérdida de capacidad de gestión de los ayuntamientos y diputaciones y sobre todo de las dudas sobre el contrato único.

En concreto, la socialista Nuria Rubio ha rechazado la innovación del PP y Cs en esta materia, ya que en su opinión esta propuesta es una "copia" de lo planteado en el Plan de Choque del Gobierno central, que ya preveía la eliminación del copago de la teleasistencia y que anticipó una aportación de 700 millones de euros. "Es una medalla que no es suya, es un yo invito y tu pagas", ha resumido.

Sobre el contrato único, Rubio ha remarcado que los dirigentes del PP y Cs "no son de fiar" y ha propuesto como alternativa la existencia de un "contrato marco" que deban tener en cuenta los ayuntamientos y las diputaciones, que "tienen mucho que aportar"

En el mismo sentido, la representante de Podemos Laura Domínguez ha observado "subterfugios" en la normativa propuesta por el PP y Cs, ya que con esta modificación los ayuntamientos pierden capacidad de decisión sobre este servicio y el contrato único genera "dudas" sobre las condiciones en que se adjudicará y las situaciones laborales que deparará para los trabajadores que atienden a las personas dependientes.

En su réplica, el popular Miguel Ángel García Nieto ha lamentado que Podemos lleve "muchos años pidiendo" la gratuidad "y cuando se les da, también protestan", mientras que ha asegurado que las entidades locales son una "pieza importante" en el futuro sistema.

Acerca de las dudas sobre el contrato único, García Nieto ha asegurado que se adjudicará "con transparencia y toda la legalidad, con luz y taquígrafos".EFE