EFEValladolid

La Junta de Castilla y León ha vinculado este viernes su negativa a aportar toda la documentación que le solicita la comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades en la autorización de parques eólicos con la negativa previa que dieron los juzgados, al entender que así protegen el procedimiento judicial y la defensa de los propios encausados, algunos de ellos exaltos cargos del Ejecutivo.

En un comunicado, la Junta ha asegurado que con esta decisión trata de respetar "la doctrina judicial", en referencia a que los juzgados involucrados habían negado la documentación a la misma instancia parlamentaria, bajo los mismos argumentos que ahora utilizan los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico.

No obstante, la Junta ha destacado que la comisión de investigación dispondrá "del 90 por ciento" de la documentación solicitada, en concreto los expedientes administrativos previos a la investigación penal, las resoluciones judiciales, mientras que en el caso de la documentación procesal de las partes personadas "no puede enviarse por la Junta, ni sus Servicios Jurídicos, a las Cortes", según el comunicado.

"Estando en marcha investigaciones y procesos penales en los Juzgados sobre la materia solicitada, la Dirección de los Servicios Jurídicos entiende que la documentación judicial debe reclamarse a los órganos judiciales que los están tramitando, como así se intentó por las Cortes, y que obtuvo la negativa de los mismos a su entrega, en protección del proceso judicial y de las garantías procesales y de defensa de las partes en el litigio", ha argumentado la Junta.

La Administración autonómica ha detallado que, antes de enviarlo a las Cortes, el informe denegatorio ha sido remitido también a Juzgado de Instrucción Nº 4 de Valladolid Diligencias Previas 658/2017, y Juzgado de Instrucción Nº 2 de Valladolid Diligencias Previas 5035/2013-, como instancias involucradas en este contencioso.

En este sentido, los Servicios Jurídicos han considerado que con esta negativa "evitan a la Junta de Castilla y León encontrarse posteriormente con acusaciones por delito de desobediencia a lo ya acordado por el Juzgado de no entrega, o con la posibilidad de interposición de denuncias o querellas por aquellas personas que están siendo investigadas en los procedimientos penales".

Además, la Junta entiende que la documentación que se deniega tiene una "naturaleza técnico jurídica para las defensas y acusaciones en el ámbito penal, que en nada entorpece el funcionamiento de la Comisión parlamentaria".

Aunque los letrados de la Junta apelan a la autonomía del Legislativo, han recordado igualmente que el ámbito de su actividad investigadora "ha de desarrollarse con arreglo a parámetros, no de legalidad penal o administrativa, sino políticos o de oportunidad, y se debe contraer al esclarecimiento o conocimiento más exacto posible de los hechos objeto de la investigación, a la determinación de la responsabilidad política y a la formulación de propuestas o recomendaciones".

Por último, el informe de los Servicios Jurídicos recomienda a las Cortes que respete el carácter no público de las deliberaciones de la comisión de investigación y evite así "hipotéticas peticiones de responsabilidad de la Junta o de la Administración autonómica por afectación de derechos fundamentales de los investigados y los imputados".

De no ser así, han adelantado que la Junta solicitará a las Cortes "el carácter secreto de las actuaciones, al amparo del artículo 7.4 del Reglamento de las Cortes".EFE

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