EFEValladolid

La Junta de Castilla y León, con su presidente a la cabeza, Alfonso Fernández Mañueco, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han desbloqueado las negociaciones para volver a las 35 horas, rotas a final de septiembre, y ahora "está en el tejado" del Gobierno hacer en 10 días, hasta la reunión del día 21, una propuesta sobre el cómo y cuándo se aplicarán.

El punto de partida será el acuerdo que firmaron los sindicatos y la anterior Junta el 21 de mayo de este año que, tras dos horas y media de reunión, ambas partes dan por válido, aunque los sindicatos han reconocido las dificultades que puede tener el gobierno para su aplicación, ya que el nuevo Ejecutivo, que integran PP y CS no se constituyó hasta agosto pasado.

Los sindicatos han mantenido la petición de que el acuerdo entre en vigor a partir del 1 de enero de 2020 para toda la administración, entendiendo el retraso que se ha producido ya que la previsión era que desde octubre ya funcionaran las 35 horas, dos y media menos que en la actualidad, para los 85.000 funcionarios públicos que hay en Castilla y León.

Y los tres sindicatos han reconocido la "buena voluntad" de la Junta a la hora de aplicar las 35 horas y han atribuido a un malentendido que en la anterior reunión de finales de septiembre se dieran por rotas las negociaciones, ya que entendieron que el Gobierno regional no quería asumir lo firmado en mayo pasado.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha defendido la buena sintonía del encuentro y ha admitido que ahora está "en el tejado de la Junta" hacer esa propuesta que se verá en la reunión del 21 de octubre, sin entrar a opinar sobre si será posible aplicarlo a partir del 1 de enero.

Hasta que no tengan ese acuerdo firmado, con los flecos del cuándo y el cómo por cerrar, según el responsable de servicios públicos de UGT, Tomás Pérez, todos los sindicatos mantienen el calendario de movilizaciones, con un paro parcial previsto para el día 25 y y una huelga general el 6 de noviembre.

Todas las partes han pedido tranquilidad para poder negociar y que el foco mediático se quite de esta cuestión para poder avanzar.

"Intentaremos asumir el retraso siempre que haya compensaciones por ese retraso", han sostenido Pérez, que ha entendido las dificultades presupuestarias, económicas y organizativas con las que se ha podido encontrar la Junta a la hora de aplicar el acuerdo.

El acuerdo que se firmó sigue en vigor, ha incidido en el mismo sentido el presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernando, para quien ahora se trata de dar "una vuelta con tranquilidad y sosiego".

Desde el área de lo público de CCOO, Ana Rosa Arribas, que ha reconocido que iban a esta reunión con expectativas más altas, ha admitido la voluntad de acuerdo al que queda por poner el cuándo, el cómo y el calendario para lo que seguirán negociando y tener en los próximos días como se sustenta.

Se trata, ha resumido Ibáñez, de cumplir de manera efectiva esas 35 horas en "condiciones de equidad", para los 85.000 funcionarios; de garantía, de cumplimientos de calidad y de estabilidad.

Se busca que el acuerdo se pueda aplicar de manera prolongada en el tiempo y no sufra retrocesos, ha incidido el consejero de la Presiencia. EFE