EFEValladolid

El anteproyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León reduce y define qué puestos pueden ser de libre designación, fomenta la conciliación laboral y familiar y refuerza el teletrabajo como impulso a esta fórmula derivada de la pandemia y que ha llegado para "desarrollarse" y "quedarse".

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha dado a conocer este lunes las novedades que abarca el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León, en una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto a la directora general de Función Pública, Paloma Rivero.

Ibáñez ha recordado que por el Real Decreto 5/2015 se aprobó un texto refundido de la Ley del EStatuto Básico del empleado público que habilita a las autonomías para regular determinadas materias.

El anteproyecto representa una nueva regulación para desarrollar esa norma estatal básica que ni restringe derechos ni crea nuevas obligaciones, ha expresado.

Con la nueva norma se pretende crear un marco jurídico comprensible e integrado, actualizar las peculiaridades del régimen jurídico de la administración y facilitar la correcta aplicación e interpretación, ha manifestado el consejero.

Actualiza, clarifica y simplifica la normativa autonómica aplicable, ha resumido.

Entre las novedades que contiene el texto ha citado la influencia en el concurso de las mujeres por igualdad de oportunidades de acceso a la Función Pública y posibilitar su pleno desarrollo profesional con puestos de trabajo de carácter directivo.

Fomenta la conciliación independientemente del sexo e incluye la movilidad por motivos de violencia de género, de salud. de situaciones como el acoso laboral o movilidad interadministrativa.

Regula también la excedencia por cuidado de hijos con reserva del puesto durante tres años y se refiere además a las materias que afectan al trabajo en las administraciones locales.

Abarca una regulación actualizada de la carrera profesional, refuerza el teletrabajo, analiza los puestos para adaptar los perfiles a las demandas de la sociedad y fija qué puestos pueden ser de libre designación, reduciéndolos y definiéndolos, ha expuesto el consejero.

Rivero ha detallado que el planteamiento inicial, a la espera de las aportaciones de distintos sectores que se puedan incorporar, se centra en el nivel más alto de la administración, el 30, además del 27, 28 y 29, una horquilla que se prevé para poder llevar a cabo contratos de libre designación.

Ibáñez ha aclarado que la norma se publica este lunes en la web de Gobierno Abierto y su finalidad consiste en proteger mejor al empleado público y modernizar la administración, tras lo que se han determinado tres semanas de plazo, cuando lo habitual en estos casos son diez días, para que la sociedad pueda aportar sus observaciones y propuestas de modificación, con el fin de conocer el pulso de la ciudadanía.

Tras recibir las propuestas de participación, para lo que se ha dispuesto un plazo en concreto hasta el 5 de julio, se abrirá el trámite de consultas con las Consejerías y sectores como la FRMP y las universidades, trámites de audiencia para evaluar e incorporar propuestas.

El texto se negociará con los sindicatos, con el fin de alcanzar el mayor consenso posible, y después se dará cuenta a los servicios jurídicos, junto a otros trámites, antes de que le Consejo de Gobierno apruebe el texto y lo remita a las Cortes, previsiblemente en el próximo periodo de sesiones que transcurre entre septiembre y diciembre, han calculado Ibáñez.

Por otra parte, preguntado por la temporalidad en el trabajo, el consejero ha reiterado un llamamiento al Gobierno de la Nación para que dé un impulso definitivo a esta situación que afecta a miles de familias.

Es necesario un marco jurídico global en el Estado para que las Comunidades no aborden por su cuenta esta situación y se pueda resolver el problema de la temporalidad, ha defendido.

"Que ese paso se de ya", ha reclamado Ibáñez, quien ha manifestado que le consta que el Gobierno está manteniendo negociaciones con los sindicatos en este sentido. EFE