EFEValladolid

El Comisionado para la Transparencia, adscrito al Procurador del Común de Castilla y León, acaba de registrar en el Parlamento autonómico la memoria de actividad correspondiente a 2021, en la que plantea entre otras cuestiones que las Diputaciones provinciales deben extender su ayuda a los pequeños municipios en materia de transparencia y ofrecimiento de información a los ciudadanos.

El informe, consultado por Efe, plantea también que la falta de medios económicos y personales atribuidos específicamente para desempeñar estas funciones vinculadas con la Transparencia -que son asumidas por la misma plantilla del Procurador del Común- supone "un obstáculo para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas que debe ser superado", además de contar con instrumentos jurídicos para hacer cumplir las obligaciones previstas en la normativa.

Sobre la situación de los ayuntamientos más pequeños de la Comunidad, el Comisionado plantea en las conclusiones de su informe que en el ámbito local se produce una "dualidad" entre la respuesta que tienen en materia de transparencia por parte de Diputaciones y grandes ayuntamientos, respecto a los de menor tamaño.

Mientras en las instituciones provinciales y grandes corporaciones el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es "aceptable", con el único lunar de la falta de información en formato reutilizable, en opinión del Comisionado, en el caso de los pequeños municipios "cumplir la normativa es un deseo muy difícil de alcanzar", por la falta de personal que pueda dedicarse a esas funciones.

En este sentido, el Comisionado plantea que deben de ser las diputaciones provinciales las que, como hacen en otros ámbitos asistenciales, ayuden a los pequeños ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones en esta materia.

Respecto a la Junta de Castilla y León, el Comisionado reconoce que en 2021 se produjo una mejoría del Portal de Gobierno Abierto, con especial mención a los datos relacionados con la gestión de la pandemia de la covid, mientras que las universidades públicas, que rinden cuentas de forma autónoma, también cumplen en líneas generales con sus obligaciones en materia de transparencia.

El informe refleja un "crecimiento notable" de las solicitudes planteadas por los ciudadanos ante las entidades públicas y se felicita de que el 71 por ciento de ellas hayan obtenido respuesta, aunque este porcentaje supone un ligero descenso respecto a 2020.

Por contra, los motivos para que el resto fueran denegadas son la falta de información que solicita el ciudadano, el "carácter abusivo" de la demanda y la necesidad de reelaborar la información que es solicitada.

En términos numéricos, el Comisionado recibió el pasado año 495 reclamaciones, la mayor cifra desde que funciona esta entidad y 166 más que en 2020, especialmente (70%) por ausencia de respuesta de las administraciones a demandas de información, por lo que la institución inicia gestiones para tratar de ayudar a los ciudadanos, hasta conseguir, en 2021, 260 resoluciones, de las que 148 fueron estimatorias y finalmente las instituciones interpeladas respondieron satisfactoriamente al demandante de información.EFE

orv