EFEValladolid

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha asumido este miércoles que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCyL) notará desde el presente 2021 un incremento de las denuncias presentadas por ciudadanos y empresas, como consecuencia de lo vivido durante la pandemia y especialmente del estado de alarma.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para presentar el Informe Anual correspondiente a 2020, Sánchez de Vega ha remarcado que instituciones similares del ámbito nacional y autonómico se están preparando ya para afrontar "los retos que llegan", con demandas de más presupuesto y personal.

En una comparecencia que ha tenido la particularidad de contar con la presencia por primera vez del expresidente de la Junta y consejero nato de esta institución, Juan Vicente Herrera, Sánchez de Vega ha asegurado que están "orgullosos" de la actividad del Consultivo en 2020, año marcado por las restricciones de la pandemia.

El presidente del Consultivo ha augurado que se producirá un incremento de los recursos de responsabilidad patrimonial, especialmente en el ámbito sanitario con demandas de los ciudadanos "llenas de particularidades", y también un aumento de las denuncias de empresas afectadas por cambios en los contratos suscritos previamente con alguna administración, fruto de las limitaciones aplicadas durante el estado de alarma.

En este sentido, Sánchez de Vega ha defendido que en 2020, fruto seguramente de la pandemia, se ha producido una "ralentización" en el crecimiento de los recursos planteados hasta alcanzar los 198, la mayor parte presentados contra decisiones de ayuntamientos (99), contra la Junta de Castilla y León (90) -la mitad para Sanidad- y contra las universidades (9).

Estos datos reflejan, en opinión de Sánchez de Vega, un "escaso nivel de conflictividad", pero que tuvieron su respuesta con la estimación total o parcial del 31 por ciento de las demandas de los ciudadanos y empresas, con las provincias de Valladolid y Salamanca como las que acumularon un mayor número.

El presidente del Consultivo ha defendido que percibe que la sociedad profesa una "gran confianza" en la actividad desarrollada por esta institución, que ha recibido unas 480 consultas en 2020 y emitido hasta 400 comunicaciones, sobre las que únicamente "sólo el 5 por ciento la decisión final de las administraciones se separó del sentido del dictamen emitido".

Ha destacado igualmente que, con todas las dificultades asociadas a las restricciones por la pandemia, el Consejo Consultivo sigue cumpliendo con el plazo máximo de 20 días para emitir dictámenes, al dejar la media en los 17 días.

Sánchez de Vega se ha detenido al destacar la importancia del informe elaborado por la Institución sobre la "Evaluación del impacto demográfico en el proceso de elaboración de las normas", ya que se ha mostrado partidario de plasmar en la elaboración de las leyes las consecuencias que tendrán en el ámbito de la demografía, en un escenario de lucha contra la despoblación.

Sobre este documento, ha expresado que el Consultivo ha reflejado la realidad de que las diferencias territoriales pueden traer asociadas consecuencias de desigualdad e injusticia a la hora de acceder a los servicios públicos esenciales, especialmente de sanidad, educación y servicios sociales.

Los representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Cs han mostrado su apoyo a la actividad de la institución y su esfuerzo en estos meses de pandemia, aunque el socialista Luis Briones ha remarcado que los medios materiales y humanos son "claramente insuficientes", por lo que ha pedido defender la institución "no sólo con palabras".EFE

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