EFEBruselas

Veinte regiones europeas que acogen fábricas de coches, entre ellas Castilla y León y otras cinco españolas, han lanzado este jueves en Bruselas la Alianza de las Regiones de la Automoción, que velará por que todos y cada uno de estos territorios avancen hacia la descarbonización de sus industrias automovilísticas, aunque el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha pedido "no precipitar el futuro" en este ámbito.

España es el país que más regiones aporta a la Alianza, con la participación de Cataluña (que tiene en Martorell la sede de Seat), la Comunidad Valenciana (fábrica de Ford en Almussafes), Navarra (Volkswagen en Pamplona), Galicia (fábrica del grupo de Citroën, Peugeot y Opel en Vigo) y Castilla y León (con factorías de Renault en Palencia y Valladolid y la de IVECO también en Valladolid).

Junto a estas comunidades autónomas españolas, también se han unido a la Alianza otras regiones industrializadas de Alemania, Italia, Francia, Eslovaquia y Países Bajos, con lo que, en total, hay siete Estados distintos representados en la asociación.

La nueva plataforma, creada bajo el auspicio del Comité de las Regiones (CdR) europeo, aspira a lograr una transición ecológica homogénea en todos los lugares que acogen fábricas de vehículos, y evitar, así, que se produzcan brechas entre ellos.

Entre otras cosas, las regiones de la Alianza de la Automoción piden a la UE que se implique en la transformación del sector con ayudas y financiación a la investigación del hidrógeno verde, los combustibles sintéticos o el coche eléctrico, posibles soluciones, todas ellas, para lograr la descarbonización de los automóviles.

Además, también reclaman a Bruselas que, para evitar la pérdida de puestos de trabajo, apoye la reconversión laboral y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores de la automoción.

En este sentido, durante su discurso en el pleno del Comité de las Regiones de hoy, el comisario europeo de Trabajo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, admitió que "faltan competencias digitales, científicas y de ingeniería en el mercado laboral" de la UE.

"Para no dejar a nadie atrás en esta transformación, también debemos garantizar que las transiciones de los puestos de trabajo sean suaves. Que no acabemos con regiones perdiendo sus puestos de trabajo. Hemos tenido malas experiencias pasadas de restructuraciones en otros sectores, como el textil o el acero, en regiones que se convirtieron en desiertos económicos", recordó el comisario Schmit.

En el pleno del CdR, representantes de algunos gobiernos autonómicos españoles que forman parte de la Alianza intervinieron para bendecir la iniciativa.

Sin embargo, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, exhortó al resto de la Alianza a "no precipitar el futuro" y "no anticipar nuevas formas de movilidad" porque, en su opinión, si los ciudadanos no están preparados para asumirlas, existe el riesgo de que "la industria del automóvil pase a formar parte del pasado".

Y añadió: "Tenemos el deber de cuidar la naturaleza, pero también de decir que los trabajadores de Europa no son los culpables del deterioro del medio ambiente. Creo que lo mejor es alargar la vida útil de los coches que tienen actualmente los ciudadanos", aseveró el número dos del Ejecutivo autonómico, y también dirigente de Vox.

Por su parte, el director general de Asuntos Exteriores del Gobierno navarro, Sergio Pérez, pidió "una flexibilización de las ayudas de Estado", con el objetivo, dijo, de que estos fondos permitan a las autonomías "ayudar aún más" a la industria del coche.

Mientras tanto, el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña, Albert Castellanos, dio una "bienvenida entusiasta" a la Alianza en un momento en el que, a su juicio, el sector de la automoción encara "la transformación más importante de sus 140 años de historia", tanto a nivel ecológico como digital.

En el conjunto de la UE, la industria del motor genera cerca de 13,8 millones de puestos de trabajo, entre productores, vendedores y transportistas, y representa alrededor del 7 % del PIB comunitario, según indican los últimos datos publicados por la Comisión Europea. EFE

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