EFEValladolid

La Junta de Castilla y León ha dado por cumplido este miércoles su compromiso de iniciar "antes del 30 de junio" la tramitación de un "texto legal" -sin especificar si será un decreto o un proyecto de ley- que "integrará toda la regulación en la materia de concordia, como elemento para la reconciliación, evitando cualquier intento de quienes tratan de utilizar la historia para dividir a los españoles”.

Así lo ha detallado el Gobierno autonómico, a través de un breve comunicado, en el que remiten a las explicaciones y "detalles" que aportarán los socios de la coalición de gobierno, el PP y Vox, "en las próximas semanas".

El PP y Vox pactaron en su acuerdo de legislatura para cogobernar Castilla y León "combatir cualquier intento" de quienes tratan de utilizar la "historia común" para "dividir a los españoles" con una nueva normativa autonómica sobre concordia que sustituyera o se sume al vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática, con la previsión expresada por Vox de iniciar su tramitación antes del 30 de junio, mañana.

La idea dentro del Ejecutivo autonómico era aprobar mañana, en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, el borrador del decreto o de ley de concordia con la que pretenden sustituir o complementar la normativa vigente, según han explicado a Efe fuentes de ambos partidos, para dar cumplimiento a su acuerdo de gobierno, aunque la literalidad de ese documento no mencionaba plazos ni la fórmula legislativa elegida, sino un eje génerico sobre la materia, además de no aclarar si la futura norma derogará la actual.

Sobre esta última cuestión, fuentes del Ejecutivo han indicado que la futura normativa de concordia dejará "superada" la actual, en referencia al Decreto de Memoria Histórica y Democrática.

En concreto, el tercer "eje de gobierno" suscrito por el PP y Vox habla de "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles".

La pasada semana el vicepresidente de la Junta y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, confirmó que estaban ultimando la aprobación de esta nueva normativa, aunque no aclaró aún si se trataría de un decreto o de una ley, pero ratificó que su tramitación se produciría "antes del 30 de junio".

En esa misma comparecencia, García-Gallardo sostuvo que la actual normativa hace "una diferenciación entre víctimas de un conflicto bélico del siglo XX", en referencia a la Guerra Civil Española, y adelantó que la futura norma suprimirá ese principio y "tratará igual a cualquier víctima del bando que fuese del conflicto civil", además de elevar la "autoestima nacional y los elementos de cohesión y no de división".

El dirigente de Vox ha asegurado que la Junta mantendrá su apoyo a las familias que busquen a personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura franquista, aunque ha rechazado la "finalidad perversa" de utilizar desde el ámbito político esta situación para "arrojar una parte de la historia a la cara de algunos españoles".

Está por ver si, como en algunas comparecencias planteó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), la aprobación de esta nueva normativa no supone la derogación del decreto actual o si, por el contrario, Vox consigue que sí sea sustituida, tal y como ha planteado García-Gallardo.

Algo similar ocurre con esta materia a lo que plantean ambos partidos respecto a la actual Ley contra la Violencia de Género, cuya existencia niega Vox bajo el argumento de que "la violencia no tiene género", mientras que el PP pretende que la anunciada ley contra la violencia intrafamiliar sirva para que el tratamiento dado a las mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas o exparejas sea igual al que tengan los hombres y mujeres víctimas de violencia doméstica, con independencia del parentesco familiar.

En ese caso, el umbral temporal que se fijaron ambos partidos fue el de que tramitarían esa normativa contra la violencia intrafamiliar antes de que finalizara el mes de julio, por lo que resta un mes para cumplir dicho plazo.EFE

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