EFEValladolid

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes personarse en el recurso de inconstitucionalidad que se tramita ante el Constitucional, promovido por el Defensor del Pueblo, contra la modificación de la Ley de Caza de la Comunidad, para defender su constitucionalidad.

El pasado 6 de septiembre se conoció que el pleno del Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, contra el artículo único y disposición transitoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La ley fue aprobada por las Cortes autonómicas con la intención de facilitar la actividad cinegética y para evitar la suspensión cautelar de la caza dictada en marzo pasado por sendos autos del Tribunal Superior de Justicia, tras las demandas del Partido Animalista (PACMA).

El recurso del Defensor del Pueblo se basa en que la modificación se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que paralizaron de forma cautelar la caza en esta comunidad.

El Defensor del Pueblo, en su recurso de inconstitucionalidad, consideró que algunos preceptos de la Ley aprobada por las Cortes vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por Ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta comunidad.

Además, permite el ejercicio de la caza directamente por ley, con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinarios.

Para el Defensor del Pueblo, incluye medidas que no cuentan con los estudios científicos y técnicos que avalen la declaración de especies cinegéticas, con lo que se vulnera la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad al no garantizar la adecuada conservación de las especies silvestres.

Aprecia en la modificación de la Ley de Caza de 1996 la intención de eludir el cumplimiento de los autos del TSJ de Castilla y León que de forma cautelar paralizaron a finales de febrero la caza en esta comunidad tras suspender el decreto autonómico que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios.

El pasado 4 de abril la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPA) solicitó al Defensor del Pueblo la interposición de este recurso de inconstituinalidad contra la Ley de modificación de la caza en Castilla y León.

Esta modificación de la Ley de Caza de Castilla y León fue aprobada el 27 de marzo pasado por las Cortes autonómicas sin votos en contra y con la única abstención de Podemos, mientras que PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor. EFE