EFEValladolid

La Junta de Castilla y León ha reactivado, ante el agravamiento de la pandemia en la Comunidad, el servicio de atención a menores cuyos cuidadores estén afectados por el virus de la covid y no puedan hacerse cargo de ellos.

Así lo ha informado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha anunciado también la puesta en marcha de un paquete de medidas orientado a garantizar la atención inmediata de menores y la cobertura de sus necesidades básicas cuando no exista un adulto que pueda atenderlas.

Esta decisión, ha explicado, implica reactivar el protocolo de actuación articulado a principios del pasado mes de abril, durante la primera ola, y que ha estado vigente también en la segunda.

El ascenso de los contagios en las últimas fechas puede dar lugar a casos en los que los progenitores o cuidadores habituales de menores se encuentren hospitalizados y no exista nadie de su entorno que pueda hacerse cargo de ellos y es aquí donde el Gobierno autonómico "activa sus recursos para dar una respuesta ágil y eficaz a la necesidad emergente", ha explicado Blanco.

El objetivo es el de asegurar los cuidados esenciales de alimentación, alojamiento y atención sanitaria y educativa a los niños durante el tiempo en el que sus representantes legales no puedan ocuparse de ellos por encontrarse afectados por el virus.

Para este fin, la Junta ha habilitado varias infraestructuras: en Ávila el espacio reservado es la Residencia Juvenil Arturo Duperier; en Burgos, el Centro San José, gestionado por Cáritas; en León, la Residencia Juvenil La Fontana; en Palencia un piso de la Fundación Eusebio Sacristán y el Centro San José de Cáritas; en Salamanca se ha previsto un espacio de la Casa Escuela Santiago Uno, y en Valladolid, el Colegio Sagrada Familia.

Ante las necesidades que puedan surgir en las provincias de Segovia, Soria y Zamora, los centros de referencia serán los ubicados en Valladolid, Burgos y Salamanca, respectivamente.

Esta atención a los menores solo se producirá una vez que se haya acreditado la ausencia de otros familiares que puedan ocuparse de los pequeños o su imposibilidad para asumir estas responsabilidades, algo que durante la primera ola ocurrió en nueve ocasiones, aunque finalmente no hizo falta el traslado de ningún menor a estas infraestructuras.

Asimismo, la consejera ha destacado el "buen funcionamiento" del operativo de protección a menores en Castilla y León y ha defendido que las medidas adoptadas en estos meses han contribuido a "suavizar el impacto de la pandemia sobre el mismo".

Así, desde la alarma declarada en marzo hasta hoy, la incidencia del virus se ha limitado a 63 menores (48 en centros de protección, 10 en familias de acogida o en guarda adoptiva y cinco en centros de reforma) sobre el total de 1.542 atendidos en el marco del sistema de protección.

BALANCE DE 2020: 1.841 EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN TRAMITADOS

Por otro lado, la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, ha informado de que en 2020 se han tramitado 1.841 expedientes de protección a menores.

Asimismo ha cuantificado en 1.542 los menores tutelados a lo largo del año, y en 1.349 los que a finales del 2020 permanecían en familias de acogida (676), en guarda adoptiva (130) o en centros de la Administración autonómica (543).

Como ha explicado Vázquez, se trata de unas cifras "muy similares" a las contabilizadas en un año ordinario, lo que pone de manifiesto la "respuesta positiva del sistema ante una compleja situación".

También se ha referido a las 703 investigaciones previas abiertas por los servicios sociales de la Comunidad, a partir de las 1.256 notificaciones recibidas en este periodo.

LA JUNTA ESPERA A LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS DE CANARIAS

Finalmente, Blanco se ha referido también a los trámites que se están llevando a cabo para gestionar la posible llegada de menores extranjeros no acompañados en el escenario de la crisis sanitaria.

Al respecto, la consejera ha indicado que se trabaja en la identificación de centros de tutela, después de que Castilla y León se ofreciera a acoger a 25 migrantes menores no acompañados, atendiendo la petición de ayuda lanzada por Canarias.

Por el momento, la Junta está a la espera de que el Gobierno Central determine el procedimiento para hacer efectivos los traslados, mientras mantiene abierto el cauce de comunicación con la Comunidad insular.

Para ello, la Consejería se ha dirigido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para reclamar unas "pautas organizativas que aporten seguridad al proceso". Para ello, Blanco ha expresado que será preciso que los menores desplazados lleguen a sus destinos con prueba realizada para la detección del virus y un informe que acredite su edad.

Además, deben ofrecerse "garantías" sobre la tramitación de documentación -permisos de residencia y trabajo-, "con el objetivo de evitar que, alcanzada la mayoría de edad, el menor quede expuesto a una situación de vulnerabilidad", ha apostillado la consejera.EFE