EFEValladolid

La Junta de Castilla y León ha comenzado a trasladar a los 31 usuarios de la residencia privada Valle del Cuco, ubicada en el municipio burgalés de Adrada de Haza, a otros centros de Aranda de Duero, Burgos, Valladolid y Palencia, después de que no hayan encontrado personal que se haga cargo de esta residencia.

Además, dos estos 31 usuarios han sido ingresados en el hospital, según la información facilitada esta tarde del viernes por la Junta.

La Junta de Castilla y León decidió intervenir esta residencia privada este pasado jueves ante el gran número de bajas que se estaba produciendo en su personal, todos con síntomas de coronavirus.

Sin embargo, no encontraron a trabajadores que se hicieran cargo del centro y han decidido trasladar este viernes a los residentes a otros centros.

La residencia privada en la actualidad cuenta con 31 residentes a los que no se ha practicado prueba alguna de COVID-19, de los cuales 18 presentan fiebre o síntomas que pudieran ser compatibles con el coronavirus y 13, sin fiebre u otros síntomas, aunque han estado en contacto con los anteriores.

La Junta explica en la nota de prensa que desde el día en que se asumió la gestión del centro se procedió al aislamiento de los usuarios asintomáticos en una zona específica de la residencia.

Además, la mayor parte de la plantilla se encuentra de baja laboral por síntomas compatibles con el coronavirus. Asimismo, desde que la Administración Regional se hizo cargo de esta residencia privada, se han dado de baja dos personas más de la plantilla originaria y aunque se ha procedido a trasladar personal de otros centros, la atención a los mayores no puede garantizarse con estándares de calidad.

El principal criterio elegido para la distribución de los residentes en los centros es el de la proximidad y la disponibilidad de plazas, de manera que los traslados de los residentes sean los más cortos posibles, según el comunicado del Gobierno autonómico.

De la resolución de este viernes se ha dado traslado al Juzgado de Valladolid solicitando la ratificación judicial de esta medida al Juez de lo Contencioso Administrativo, así como a la Subdelegación del Gobierno para que a su vez lo ponga en conocimiento de los Ministerios competentes.

Asimismo, se recuerda que, en cuanto a las Medidas de Intervención en la Orden SND/275/2020, se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta Orden.

Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar: ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades lamenta los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar tanto a los residentes como a sus familias, aunque recuerda que su principal objetivo es garantizar los cuidados y la atención de los mayores.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción y Primaria Instancia de Aranda de Duero (Burgos) ha iniciado la instrucción para investigar la existencia de posibles responsabilidades penales en esta residencia privada, a la espera de recibir los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de la Fiscalía.

La propia Junta ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la situación que se encontró en la residencia cuando decidió intervenirla ante las quejas que le habían llegado de familiares y que se basan en una deficiente atención. EFE

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