EFEMadrid/Valladolid

Castilla y León es una de las cinco comunidades que cumple con la ratio de tener cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores, con 7,85, y es la única que cumple ese indicador de plazas públicas, con 6,08 por cada centenar de personas de más de 65 años.

Ese dato supone que Castilla y León supera en 17.377 plazas la ratio de 5 por cada cien mayores de 65 años, según los datos aportados este viernes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que, con los últimos datos aportados por el Imserso, ha analizado la situación por comunidades autónomas.

En concreto en Castilla y León había a final de 2018 un total de 47.798 plazas residenciales, tanto públicas como privadas, en una Comunidad en la que el 77 por ciento de las plazas tienen financiación pública, esto es más de tres cuartas partes.

Por contra, en España faltan más de 70.000 plazas residenciales para los nueve millones de personas mayores de 65 años que residen en el país, consecuencia de que solo cinco comunidades autónomas cumplen con la ratio de tener cinco plazas de estas características por cada cien personas mayores.

En Castilla y León las plazas han ido en incremento constante desde el 2010, cuando había en la Comunidad 42.725, hasta llegar a esas 47.798, casi un 12 por ciento más.

Castilla y León cuenta con 608.428 mayores de 65 años y la oferta es de 702 residencias, con 195 públicas y 507 privadas, con 37.015 plazas de financiación pública y 10.783 privada.

El coordinador de Estudios de la Asociación, Gustavo García Herrero, ha explicado a Efe que los datos y el modelo de Castilla y León son positivos aunque el problema de esta Comunidad es "la distribución de las plazas en un territorio muy disperso".

Herrero, que conoce bien Castilla y León, ya que es de Navaleno, en Soria, donde vivió el cierre de la residencia de mayores de la localidad, ha valorado el modelo "En mi casa" que promueve la Junta de Castilla y León aunque ha invitado a "reflexionar sobre la distribución de plazas", con residencias más pequeñas de una docena plazas, que compartan director con otras y tengan como referencia otra más grande.

Se trata de evitar espacios residenciales masificados para buscar que los mayores sean felices y no solo estén sanos, para lo que hay "que romper con el modelo hospitalario" e ir a esas residencias más pequeñas en el lugar en el que viven los mayores, ha concluido.

En cuanto al precio que paga el usuario en Castilla y León es de 7.379 euros de media, el 45,9 por ciento, por encima de la media nacional que es del 38,6 por ciento.

En el conjunto nacional, el precio de una plaza en una residencia pública oscila entre los menos de 7.000 euros anuales en comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña hasta los 11.000 euros que cuesta en el País Vasco.

El estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los últimos datos aportados por el Imserso, lamenta que las plazas residenciales "no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años", que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019.

Y es que en ese periodo las plazas residenciales solo se han incrementado en 12.353, según el informe recientemente publicado por el Imserso.

En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada cien personas mayores se ha reducido de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5 por ciento aconsejado por los organismos internacionales.

Denuncian los gerentes de servicios sociales que, además, las plazas públicas, "que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten", sólo constituyen 2,5 por cada cien mayores de 65 años, es decir, la mitad de lo aconsejable.

Y recuerdan que unas 100.000 personas con el grado II y III de dependencia reconocido, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.

La situación, explican los gerentes, muestra diferencias muy significativas entre comunidades autónomas y solo cinco de ellas: Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, está última alcanza también esta ratio con las plazas públicas.

Los mayores déficits de plazas para mayores de 65 años los registran Andalucía (27.981), Valencia (20.844), Galicia (14.858), Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y privada, destacando comunidades como Aragón, Madrid o Asturias, donde hay más plazas privadas que públicas.

Lo mismo ocurre con el precio de las de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, donde la diferencia oscila entre los menos de 7.000 euros anuales en comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta los más de 8.000 euros en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas los precios superan los 10.000 y 11.000 euros, respectivamente.

Los gerentes sociales aprovechan este estudio para recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales (1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad).

Y puntualizan que la carencia de las plazas residenciales se centra en las grandes urbes, mientras que el problema de las de las zonas rurales es que no están adaptadas a las necesidades de los mayores.

Por último, insisten en la necesidad de aumentar la ratio de las plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores. EFE