EFEValladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel al exconcejal de Urbanismo de Valladolid José Antonio García de Coca (PP) por irregularidades en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid de 2003.

La sentencia también condena al que fuera responsable del área de Urbanismo del Consistorio Modesto Mezquita y al excoordinador del mismo área Luis Álvarez Aller, a un año y tres meses de prisión en cada caso, por prevaricación y falsedad en documento oficial, han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La resolución en concreto impone a García de Coca dos años de cárcel y dos años de inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio artístico.

El tribunal ha apreciado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y ha absuelto a los tres procesados del delito de tráfico de influencias del que también habían sido acusados.

El juicio concluyó el pasado 29 de octubre en la Audiencia vallisoletana, donde fue absuelto en la Sala de vistas el exjefe de Planteamiento del consistorio José Luis Cerezo, después de que la fiscal retirase la acusación contra él en el juicio.

Con anterioridad, a principios del pasado octubre, la Audiencia declaró prescritos los delitos atribuidos a una decena de personas que iban a ser juzgadas por las supuesta manipulaciones en el PGOU de hace dieciséis años.

La sentencia, de 32 folios, desglosa las modificaciones llevadas a cabo, entre las que figura la antigua fábrica de harinas 2, La Perla, sobre la que se alteró un artículo de la normativa, al que se sumo la frase "en industria urbana en edificaciones catalogadas" y se admitieron los usos de comercio, servicios, hostelería y hospedaje hasta el cien por cien.

En este caso, el expediente relativo a la licencia de obras, proyecto básico, para construir un complejo hotelero en esta parcela a solicitud de la propiedad, contiene informes favorables a la concesión de la licencia, emitidos por dos de los acusados, "conociendo, obviamente, que la normativa relativa a esta parcela había sido introducida fraudulentamente por ellos en el PGOU".

Se aprobó la licencia para la construcción del hotel por parte de los órganos locales competentes, de los que formaba parte el exconcejal, que otorgó su conformidad y votó favorablemente a la concesión de la licencia.

Precisa la sentencia que lo que hicieron los acusados fue "actuar infringiendo con sus informes y dictámenes a favor de la concesión de las licencias, el ordenamiento vigente en materia de ordenación del territorio".

Ocultaron "a los técnicos, arquitectos, a organismos como la Comisión Informativa de Urbanismo, los planos falsificados", o emitieron los informes ocultando que se habían efectuado alteraciones en la normativa que no se correspondían con lo aprobado definitivamente.

"No es únicamente una ilegalidad, es una actuación arbitraria e injusta, en manifiesta contradicción con el ordenamiento jurídico porque se basa en falsedades documentales, y que da como resultado una actuación ajena a las finalidades de la Administración Pública", dice la resolución judicial. EFE

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