EFEBurgos

Varios policías que han declarado en el juicio contra un hombre acusado de asesinar a su expareja de una paliza en Burgos han explicado que el procesado supuestamente agredió meses antes de la muerte a la víctima, de la que tenía una orden de alejamiento por otro suceso ocurrido un mes antes de fallecer.

Durante la vista oral que se celebra desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Burgos, los policías, que participaron en la investigación del crimen, ocurrido en abril de 2018, se han referido en concreto a una agresión en octubre de 2017, aunque no llegó a tener consecuencias para el procesado porque la víctima no quiso ratificar la denuncia.

“La mujer apareció en un camino cercano a un hipermercado, en un descampado, con golpes en la cara, la pérdida de algún diente y manchada de barrio”, ha explicado uno de los policías que intervino en esa ocasión.

Otros dos agentes han coincidido en describir la situación que encontraron al acudir a la llamada de un testigo la madrugada en que la joven recibió la mortal paliza.

“Tenía un ojo completamente cerrado y con un fuerte hematoma, además de golpes que le habían deformado la cara y la cabeza, aunque no había demasiada sangre”, ha descrito uno de los policías.

Horas después de la agresión, la mujer falleció en el Hospital Universitario de Burgos como consecuencia de los golpes recibidos, primero uno con la mano, que la tiró al suelo, y después con patadas y pisotones, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

En la tercera sesión de la vista oral ha declarado también un testigo propuesto de la defensa, que coincidió con el acusado en los calabozos de la Comisaría de Policía Nacional, cuando éste fue detenido como sospechoso del crimen.

En su opinión, el acusado parecía bajo los efectos de las drogas y los policías le metían y sacaban de su celda constantemente, mientras le presionaban para que confesara, ha afirmado el testigo.

La Fiscal pide para el acusado una condena de 22 años de cárcel por asesinato -aprecia alevosía-, dos años por maltrato habitual por violencia de género y un año por quebrantamiento de medida cautelar, ya que el hombre tenía una orden de alejamiento de la víctima, que le había denunciado en ocasiones anteriores por malos tratos.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, y la popular, personada en nombre de la Junta de Castilla y León, elevan a 25 años la solicitud de pena por asesinato y mantienen la misma petición que la Fiscalía por los otros dos delitos.

El defensor ha pedido su libre absolución por considerar que fue una agresión con lesiones pero sin ánimo de matar a la víctima, a lo que ha añadido que, en el caso de que se considere a su patrocinado culpable, se le debería aplicar la eximente de actuar con su voluntad anulada por el consumo de drogas.

La vista oral continuará mañana en su cuarta sesión, en la que la atención estará puesta, sobre todo, en los primeros peritajes relacionados con el caso. EFE

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