EFELourdes Velasco Madrid

Beatriz tiene 72 años, tres hijas en Paraguay y una "camita" en la habitación de su amiga en Segovia. Se quedó sin su trabajo de "interna" hace unas semanas. No tiene ingresos, y aún así es difícil arrancarle un lamento: "Tengo esperanza de, en cualquier momento, volver a trabajar porque soy fuerte y sana", dice.

En realidad su nombre es otro pero prefiere ocultarlo, como escondidas están las 200.000 mujeres que -según asociaciones del sector- trabajan de empleadas domésticas sin contrato laboral.

En su mayoría son migrantes, a veces sin papeles, y no tienen derecho al subsidio extraordinario aprobado por el Gobierno para quienes están dadas de alta en el régimen especial de la Seguridad Social. "Especial" porque, entre otras cosas, no incluye el derecho del resto de trabajadores al subsidio por desempleo.

Beatriz está en el eslabón más débil de las empleadas domésticas. Ganaba 650 euros -300 por debajo del salario mínimo- por trabajar de lunes a viernes de interna en un chalet de un matrimonio que tenía tres hijos. "Ocho horas, pero nunca son ocho. Estaba disponible para lo que me pedían a cualquier hora, incluso sacaba al perro a pasear una hora por la mañana y otra por la tarde", resume en una conversación telefónica con Efe.

Prescindieron de ella hace un mes. "La mujer se quedó sin trabajo, no puedo protestar", justifica.

Perdió también su habitación. "Yo trabajaba de interna y me quedé sin dónde vivir. Mi amiga me recogió y me está ayudando", explica Beatriz, que ha convertido en temporalmente definitiva la "camita" en la que antes descansaba los fines de semana en casa de su amiga.

Beatriz explica que aprendió a no quejarse, quizá por eso dice que lleva la cuarentena "demasiado bien" en ese piso donde convive con otras cuatro personas. "Yo no me desespero, siempre tengo cosas que hacer: arreglo la ropa, me gusta leer y cocinar. Hacemos aquí de todo y tenemos guantes, tapabocas (mascarillas) y lejía", relata.

Cree que pronto accederá a una pensión no contributiva porque ya lleva diez años en España, pero ahora se centra en encontrar trabajo de nuevo. "Me gustaría ganar el sueldo mínimo, que son 945 euros, pero si es menos igual me da. Hago de todo: plancho, cocino, limpio la casa. No soy de esas viejas achacosas", dice como si en cualquier momento, también mientras habla con Efe, pudiese llegar la oportunidad.

Comparada con la precariedad con la que vive Beatriz, pareciera que la situación de Paola -chilena de 40 años, 13 de ellos en España- fuese incluso privilegiada. Ella es trabajadora doméstica con contrato y vive en un piso en Madrid con su madre y su hija.

Por el momento, Paola no ha perdido su trabajo principal como empleada doméstica a tiempo completo, por el que sí está dada de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

Ha acordado con su empleadora anticipar sus vacaciones y cogerlas ahora, durante la crisis del COVID-19, aunque, si la situación se complicase, sí tendría derecho a una ayuda del 70 por ciento del salario que declara percibir.

Sin embargo, Paola tenía otros cuatro trabajos en negro que no desempeña desde que se decretó el estado de alarma, y son los empleadores los que deciden si le pagan o no, y hay de todo. "Necesito ese dinero para mi día a día: la luz, el gas, comprar medicinas", explica.

Se acuerda estos días de cómo era su vida hace 13 años, cuando llegó de Chile y trabajaba sin papeles, y alerta de la cantidad de compañeras que están en su situación: "Hay muchas mujeres que trabajan sin documentación que se quedan ahora sin nada".

Stela tiene 55 años y está en su casa de baja contagiada por la COVID-19. Trabaja en varias casas como limpiadora: en algunas está dada de alta y en otras no, y da por segura una caída de ingresos ya que no trabaja y solo algunos de sus empleadores le han dicho que le darán su salario -o una parte- durante lo que dure la pandemia.

"Hasta ahora nuestra situación económica estaba bien pero sí me preocupa el futuro porque lo que nos viene, seguro que bueno no va a ser", explica.

El colectivo de empleadas del hogar está formado por unas 580.000 trabajadoras, según la última encuesta de población activa (EPA), pero solo hay 394.171 personas afiliadas en el sistema especial, lo que refleja la irregularidad que se da en estos empleos.

Más allá de haber conseguido un subsidio en un colectivo sin derecho a paro, las asociaciones del sector como Sedoac -a la que pertenecen dos de las entrevistadas para esta crónica- esperan que en esta crisis del coronavirus se dé "un paso decisivo" para la incorporación plena de las trabajadoras domésticas en el régimen general de la Seguridad Social. EFE